MANIFIESTO CASA PARA TODAS

CASA PARA TODAS, PAREMOS LA ESPECULACIÓN EN NUESTROS BARRIOS

Ante la perspectiva de aprobación de una nueva ley de vivienda estatal, desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid consideramos necesario hacer un análisis estructural de la posición de la vivienda dentro del marco de la economía de mercado, así como situar sus problemáticas específicas en la ciudad de Valladolid.
La vivienda es para la clase obrera una condición necesaria para el desarrollo de la vida, sin embargo, para las clases propietarias es un medio de acumulación de capital; de hecho, en el actual paradigma socio-económico, la vivienda constituye un elemento determinante de estas dinámicas acumulativas.
Actualmente la acumulación de capital se estructura de modo que el saqueo a la clase obrera se materializa principalmente en la imposición de la renta en la vivienda principal. El sector inmobiliario obtiene grandes beneficios de la construcción y rehabilitación de viviendas, proceso que se ha visto facilitado por unas políticas estatales que responden a los intereses del sector de la construcción y su capital financiero, y que nada tiene que ver con las necesidades habitacionales de la clase obrera.
De lo anteriormente mencionado se sigue que, mientras la vivienda sea un bien de mercado, será un instrumento dedicado a la extracción de rentas en perjuicio de las necesidades de uso de la clase obrera, además de reproducir las dinámicas especulativas y la violencia que implica que un bien básico para la vida sea una mercancía.
Siendo conscientes de que actualmente no existe una correlación de fuerzas suficiente para que la vivienda deje de ser un bien de mercado y dejando muy claro que este es nuestro objetivo último, exigimos con este documento que se tomen algunas medidas fácilmente realizables por parte de la administración para avanzar en esa dirección.
Las políticas de vivienda estatales se centran en las necesidades de vivienda de las grandes ciudades, donde el conflicto entre la mercantilización de la vivienda y la vida de las obreras se ha mostrado más claramente, obviando las necesidades de las poblaciones como Valladolid, que aunque no deja de sufrir algunas de las situaciones de estas grandes ciudades, tienen una problemática de vivienda propia.
Una de las particularidades centrales de la problemática de vivienda de este territorio es que desde hace décadas se encuentra inmerso en un proceso de pérdida de población. Esto choca frontalmente con las dinámicas de crecimiento urbano y con las políticas estatales de vivienda, muy enfocadas a sostener al sector inmobiliario fomentando la construcción infinita de viviendas, algo totalmente innecesario desde el punto de vista de las necesidades sociales de vivienda y más en un municipio de estas características.
Estas políticas, no obstante, se reproducen en la administración local como muestra el nuevo plan de vivienda de Valladolid 2021-2025 (en proceso de aprobación), donde se prevé la construcción de 2269 viviendas sólo en el desarrollo de nuevos sectores gestionados por el Ayuntamiento. Sin embargo, según cálculos del propio Ayuntamiento, hay entre 17.000 y 25.000 viviendas vacías en la ciudad. Los programas que ofrecen beneficios a los propietarios no están consiguiendo movilizar una cantidad sustancial de vivienda vacía (como es su objetivo). Esto ofrece la conclusión de que las estrategias para abordar el problema de las viviendas vacías deberían dejar de tratar de jugar con las reglas del mercado inmobiliario y empezar a proponer intervenir el mercado. Las problemáticas de Valladolid muestran similitudes con algunas de las que se manifiestan en ciudades como Madrid: en Valladolid en 2019, según el CGPJ, hubo un proceso de desahucio por cada 1457 personas y en Madrid uno cada 1208 personas.
Las competencias de vivienda en el estado español están repartidas entre los diferentes niveles administrativos: estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que en última instancia desarrollan las políticas de vivienda, por ello es a la administración local a la que presentamos nuestras reivindicaciones en materia de vivienda. Les instamos a llegar hasta el límite del marco legal de la comunidad autónoma o del estado y a presionar a estas instituciones para que desarrollen políticas que se ajusten a los intereses de la clase obrera.
En la línea de lo anteriormente tratado, planteamos las siguientes medidas:
-Utilizar las herramientas legales del ayuntamiento para expropiar viviendas a los grandes tenedores como bancos y fondos de inversión e incluirlas en el parque público de vivienda.
-Abordar de forma integral el sinhogarismo, sabiendo que en Valladolid es un problema perfectamente solventable con relativamente pocos recursos, que el albergue municipal no es una alternativa habitacional y contando con las necesidades y reclamaciones de las personas que actualmente viven en la calle.
– Destinar los recursos necesarios para la consolidación de un parque público de vivienda que permita atender a las necesidades de las miles de solicitudes que se han presentado al ayuntamiento para optar a una vivienda protegida en régimen de alquiler.
-No comprar viviendas de la SAREB, puesto que estas viviendas ya han sido pagadas con dinero público e instar al gobierno estatal a crear con ellas un parque público de vivienda.
-Comprometerse a instar formalmente al gobierno a regular los precios del alquiler en todo el territorio y no solo en las zonas tensionadas.

No dejar a nadie atrás

En el último año el Albergue Municipal de Valladolid ha sido noticia en numerosas ocasiones debido a diversas circunstancias que afectan tanto a las personas que se ven obligadas a tomar este recurso, como a las trabajadoras del mismo.

El Albergue Municipal es un servicio financiado por el ayuntamiento y hasta hace poco gestionado por Cruz Roja. Pero, pese a las promesas y compromisos políticos para el funcionamiento de este recurso, las condiciones del albergue son cada día más precarias. No cumple unos mínimos de habitabilidad, presenta goteras, humedades, etc. Además, la cocina con la que está equipado no se está usando por falta de personal y medios, lo que obliga a las personas que lo necesitan a desplazarse varios kilómetros dos veces al día, hasta el comedor municipal, independientemente de las condiciones de salud en las que se encuentren.

Pero pese a todo esto, la administración del PSOE lo viene utilizando como cara visible de sus políticas sociales y punta de lanza de su campaña política, asegurando que no van a dejar a nadie atrás. Mientras tanto, la realidad es que el presupuesto destinado a que las trabajadoras y las personas que lo utilizan tengan unas condiciones laborales y vitales aceptables es recortado año a año por ese mismo ayuntamiento.

Cruz Roja, entidad privada que en las últimas décadas se ha encargado de la gestión del albergue municipal, ha venido reclamando desde hace tiempo la necesidad de más presupuesto para poder mantener el servicio en unas condiciones mínimas. Hasta que en la última licitación ha decidido negarse a seguir gestionándolo si el ayuntamiento no ofrecía un presupuesto ajustado a la realidad del albergue.

Esto ha ocasionado que el ayuntamiento se haya visto obligado a sacar dos pliegos más, uno en 2020, en el que se reducía tanto el número mínimo de trabajadoras necesarias, el horario de apertura, entre otros recortes, que quedó el concurso vacío. Tras un nuevo pliego en 2021, no mucho superior al anterior, finalmente es la empresa Intras la que ha decidido hacerse cargo de ello.

Pero la precarización de este recurso no puede entenderse sin las políticas de externalización de servicios públicos que desde la época de Felipe González tanto el PSOE, como el PP, han ido generalizando. Este tipo de políticas suponen un desvío ingente y constante de recursos públicos a entidades y empresas privadas, a la vez que empeoran tanto la calidad de los servicios ofrecidos, como las condiciones laborales de las trabajadoras contratadas para ello.

Y, mientras tanto, la concejala de servicios sociales del PSOE, Rafaela Romero, se permiten decir públicamente que su objetivo favorecer el desarrollo personal, integración social e inserción sociolaboral de las personas que por su situación se ven obligadas a recurrir a este servicio. Estas palabras contrastan fuertemente con la realidad, y es que no se destina dinero suficiente para mantener siquiera el albergue en unas condiciones mínimas y no se han cumplido todavía las peticiones de mantenerlo abierto las 24 horas, dejando claro que la única intención del PSOE de Valladolid es hacer campaña política a costa de las vidas de estas personas.

Abordar el sinhogarismo tiene que partir de abordar las problemáticas de vivienda desde una perspectiva más amplia. No se pueden pretender, como se está haciendo desde las instituciones, poner parches puntuales sin cambiar las estructuras que permiten que esto suceda. Hay que entender las políticas de vivienda como una unidad, un continuo de situaciones que desembocan en que las personas pierdan sus casas. Una persona que tiene una hipoteca y un trabajo estable, puede perfectamente pasar a tener un trabajo precario y vivir de alquiler, ser despedida, tener que okupar una vivienda vacía y terminar viviendo en la calle.

Por eso, el albergue no es ni debería plantearse en ningún caso como una solución habitacional, sino como un cobijo puntual. No dejar a nadie atrás pasa por frenar las situaciones que permiten que muchas personas sean expulsadas de sus hogares, por no permitir que la vivienda sea un bien de mercado, una fuente de especulación o de evasión fiscal. Pasa, sobre todo, por reconocer y asegurar que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna, independientemente de su situación vital, legal o laboral, para que así nadie tenga que recurrir, en última instancia, a vivir en un albergue municipal.

ESTRUCTURAS POPULARES: LA RETAGUARDIA DE LA REVOLUCIÓN

[Este texto es la traducción de un hilo de Twitter de la Casa Buenos Aires – Valvidriera, @labuenosaires_ . Podéis encontrar el texto original en catalán aquí > https://t.co/tEKJTvoLh4?amp=1]

A continuación explicaremos qué son estas estructuras y daremos ejemplos históricos y actuales, que esperamos que puedan ayudar a guiar nuestra acción política y comunitaria en el presente.

¿Qué es una estructura popular?

El término lo hemos cogido del movimiento por la vivienda catalán, del que más adelante describiremos algunos elementos. Lo podríamos entender como la práctica concreta del apoyo mutuo, en un ámbito de la vida de las clases populares. Por definición, la estructura popular emana de la asociación entre iguales, del pueblo, y por tanto, es una institución no estatal. Algunos ejemplos: cooperativas, ateneos, sindicatos, escuelas populares, etc. Podemos decir que la práctica del apoyo mutuo ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero empezaremos la exposición a partir del siglo XIX, momento en el que nace el movimiento obrero, en respuesta al capitalismo industrial creciente. Dividiremos la exposición en 4 bloques históricos diferenciados.

1 SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

Siguiendo la exposición que hace Emmanuel Rodriguez en al primer capítulo de su libro “La política contra el estado”, los sindicatos de mediados y finales del siglo XIX, se van a convertir en el modo de organización de clase, pero también en instrumento político de construcción de un poder específico de clase. Siendo fieles al enunciado de la primera internacional “La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos…”, estos sindicatos van a ser capaces de liderar y ser los protagonistas de su propia lucha, en rechazo a la subordinación a otras instancias políticas o institucionales. Se van a dar diversas experiencias valiosas, como la primera CGT francesa, la International Workers of the World (IWW) de los EUA, y el anarcosindicalismo español que se consolida en 1910 con la CNT.

Lo que tienen en común todas estas experiencias es que contradiciendo una versión mecánica, burocratizada y estereotipada de la lucha, y muestran que la organización es producto de la lucha (R.Luxenburg), y que es a partir de la organización que se puede incrementar la fuerza y dar solidez y permanencia a la acción política.

> La CGT francesa y las bolsas obreras (1887 – 1910)

Durante un momento muy defensivo en el movimiento obrero francés, debido a la fuerte represión estatal, se va a apostar por abrir centros de reunión y crear bolsas de trabajo totalmente descentralizadas. Se dedicaban a organizar el mercado de trabajo desde el cantón obrero. Saltándose las capas burocráticas de la patronal, van a ser capaces de trabajar directamente con los patrones locales, ofreciendo trabajadores por tarifas y salarios fijados por el sindicato. A parte de las bolsas de trabajo, en estos centros se hacían formaciones profesionales y políticas, y cada uno contaba con una biblioteca. Muchas bolsas tenían su propio periódico local. Como dice Emmanuel Rodriguez: “Para sorpresa de quien acostumbra a considerar la historia y los movimientos a partir de siglas, direcciones políticas y grandes organizaciones, la fuerza de las bolsas de trabajo residió en su carácter local y federal, en su articulación como experiencia concreta, que producía resultados concretos en términos de poder e ilustración obrera”.

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A medida que pasaban los años, y el contexto de los grandes debates del socialismo de la época, se va a ir consolidando la vía económica y la idea de huelga general revolucionaria planeaba sobre las cabezas de los obreros. Esta experiencia histórica, menos conocida que la norteamericana y la española, supuso un gran ejemplo de autonomía obrera y capacidad de socialización. Esta vía sindicalista y revolucionaria fue derrotada internamente en la CGT por el bando parlamentario, y finalmente aniquilada en la Primera Guerra Mundial.

>Los wobblies, International Workers of the World (1905-1920)

Creada en oposición a la otra filial sindical, la AFL, de espíritu reformista y conciliador con el estado y la patronal, consiguió reunir capas muy amplias de las zonas industriales, sobre todo del noreste de los EUA, con unos principios sencillos pero muy radicales. Su originalidad a nivel organizativo, que posteriormente va a inspirar a la CNT en Catalunya, va a ser estructurar a los trabajadores por industria y por sectores en lugar de servirse del esquema tradicional por oficios o gremio. Protagonizaron huelgas salvajes. Se dice que en sus asambleas se hablaban hasta 24 lenguas, siendo esto un indicativo de la capacidad de reunión del sindicato. La alianza entre el estado yanqui y la patronal más poderosa del planeta aniquilaron esta organización en los años veinte.

>La CNT y la sociedad paralela (1910-1936)

Sin entrar en muchos detalles, no debemos entender la CNT de aquellos años como un sindicato que simplemente defiende los intereses de sus afiliados. La CNT era motor y a la vez formaba parte de una red de solidaridad que abarca todos los aspectos de la vida de la clase trabajadora, consolidándose a los años treinta. Esta organización era capaz de dar cobijo a cuestiones culturales, lúdicas, sociales, políticas y evidentemente, sindicales. Es de especial interés la creación de sindicatos de barrio en Barcelona, organizaciones autónomas que permitían irradiar y construir esta institucionalidad obrera, con una componente comunitaria muy fuerte.

Experiencias de lucha actuales beben de muchos de estos referentes. Por ejemplo, eran los comités de barrio formados por mujeres los que se encargaban de parar los desahucios. La creación de comités de defensa por barrios, como la evolución organizativa de los años del pistolerismo, también supuso un salto cualitativo para la autodefensa, y supuso la creación de una milicia revolucionaria para una posible insurrección que muchos esperaban. También son conocidas otras estructuras como las escuelas racionalistas, los ateneos o las cooperativas. Es bien sabido que en Barcelona, el levantamiento fascista del verano de 1936 se consiguió aplastar por la preparación formidable del proletariado barcelonés, pero lo que es más importante, se consiguió iniciar un proceso revolucionario muy profundo gracias a todos lo años de preparación y al alto nivel de conciencia revolucionaria de la gente. Digamos que todos los años de desarrollo de esta sociedad obrera paralela dieron sus frutos. Como habréis leído, la revolución se va acabar distorsionando y apagando por las fuerzas republicanas y burguesas, y finalmente fue aniquilada con la victoria militar de los fascistas.

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2 ÉPOCA OSCURA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Sin querer acotar históricamente este periodo de manera rigurosa, podríamos decir que los acontecimientos que marcan esta época son el auge del fascismo, la segunda guerra mundial y la posterior consolidación de los estados nación en Europa y Norteamérica en los años cuarenta y cincuenta. Caracterizada por las revoluciones frustradas en Europa, y con una URSS siguiendo la dirección autoritaria de Stalin, la alternativa más sólida al socialismo que permite al Capital entrar en una nueva fase de crecimiento y hegemonía se acaba imponiendo: la democracia burguesa. En este proceso, el movimiento obrero, y por extensión, sus instituciones autónomas, acaban siendo o bien absorbidas por el estado y/o los partidos socialdemócratas o directamente aniquiladas.

En una época caracterizada por el fortalecimiento de los estados nación y por al creación de al clase media y el imaginario del ciudadano, nos gustaría rescatar las palabras de Emmanuel Rodriguez sobre la clase media: ”La clase media es la negación de la clase y con ella de al política de clase: asunción colectiva de que en la sociedad no hay fractura, de que el conflicto ha sido negado en una síntesis tranquilizadora. La clase media es, por eso, el espejo invertido del comunismo: la realización deformada de la sociedad sin clases.” y “La clase media fue el gran proyecto político del siglo XX: la construcción de un pueblo, el <<pueblo del estado>>, un pueblo nocturno, dormido, desarmado. Un pueblo alimentado y vestido, y a su vez despolitizado”.

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3 EXPERIENCIAS POST 2ª GM

En un contexto de crecimiento global del Capital, se llega a finales de los años sesenta a un momento de estancamiento de la economía productiva, con la consecuente afectación sobre el sector del trabajo y de las clases populares. Es el inicio del predominio de la economía financiera, y es en este camino que el capital ve cubierta su necesidad de seguir creciendo. En muchos países, el estado no es capaz de mantener las condiciones de bienestar para cada vez capas más amplias de la población. En esta época se desarrollan diversas experiencias de lucha y de construcción de contrapoder, pasaremos a explicar algunas.

Black Panther Party, programas de supervivencia (1966-1982)

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A pesar de la situación de bonanza económica en los EUA, y debido al racismo institucional, los afroamericanos se ven relegados a unas condiciones de vida deplorables en los EUA. Se ven privados de cuestiones tan básicas para la vida como la alimentación, la vivienda o la salud. Los proyectos sociales comunitarios que pasaremos a exponer a continuación, se apoyan en uno de los pilares filosóficos fundamentales de la era del poder negro: la autodeterminación. Por autodeterminación se refieren al proceso de autoafirmación que lleva a los Negros a determinar separadamente qué les ocurre, qué quieren y como se tienen que organizar (“Manifiestos y programas de intervención social”, editado por David Hiliard). A parte de la estética representada en las chupas de cuero, el pelo afro y los fusiles colgados a la espalda, hay un abanico de prácticas e ideas que creemos que también se han de rescatar.

Probablemente, el ejemplo más conocido de estructura popular desplegado por los Panteras Negras son las comidas gratuitas para niños en edad escolar, pero hay muchos más. El partido pensaba que dando ejemplo con sus programas sociales, podía cubrir las necesidades del pueblo negro y demostrar el método de construcción de estructuras autónomas controladas por al comunidad. A la crítica más recurrente a los programas de supervivencia que se hacía a menudo desde el sector más “militarista” del partido, diciendo que eran asistencialistas y resistencialistas, Huey. P. Newton, ideólogo principal de estos programas , contesta: ”Mucha gente no entiende las políticas de estos programas y tiende a llamarlos programas de mejora. En realidad no son programas de mejora, sino programas revolucionarios comunitarios. Un programa revolucionario es el que está desarrollado por revolucionarios, por aquellos que quieren cambiar el sistema actual por uno mejor. Un programa de mejora es el establecido por el sistema explotador existente como limosna para apaciguar al pueblo y mantenerlo callado” Para facilitar la exposición dividiremos los programas en 5 categorías: subsistencia, salud, educación, seguridad y autodefensa, comunicación y otros.

>>Programas de subsistencia

Entendiendo la política como el simple deseo de los individuos y grupos de ver satisfechas en primer lugar las necesidades básicas (comida, vestido y techo), se crearon los siguientes programas: comidas gratuitas para niños, redes de alimentos, sindicatos de inquilinas, cooperativas de vivienda, ropa y calzado gratuitos, fontanería y mantenimiento del hogar gratuitos, control de plagas, banca inmobiliaria, bolsa de trabajo. En 1969, ya existían centenares de centros que daban comidas gratuitas para niños, y un oficial de alto rango del gobierno americano llegó a decir: “Los Panteras están alimentando a más niños que nosotros”. En lo referente a la cuestión de vivienda, se consiguió promover la propiedad colectiva de bloques y casas (mediante donaciones y otras formas de financiación), y estas pasaban a ser gestionadas por el sindicato de inquilinas, que fijaba un precio asequible para las familias. Los programas de fontanería y mantenimiento o el de control de plagas nos pueden sorprender por innecesarios, pero debemos pensar que las viviendas estaban en unas condiciones estructurales deplorables, e infestadas de ratas y otras plagas.

>>Programas de salud

A diferencia de muchos países europeos, en los EUA el sistema de salud nunca fue un servicio público de calidad, y quien más se resintió por esta falta de infraestructura, evidentemente, fue la población pobre y negra. Debido a la falta de recursos de las comunidades, estas centraron sus esfuerzos en la prevención, haciendo campañas de vacunación y de concienciación. Lo cual no les impidió crear clínicas populares de salud y de investigación médica gratuitas, que ofrecían servicios como primeros auxilios, reconocimiento físico, atención prenatal, pruebas de intoxicación por plomo, etc. El estudio de la anemia de células falciformes fue otro importante servicio médico comunitario ofrecido por los Panteras Negras. Esta enfermedad rara de la sangre afecta principalmente a personas con ascendencia africana, y el Partido acusa al gobierno de los EUA de negarse a llevar a cabo las investigaciones necesarias para encontrar la cura. Otro servicio gratuito que ofrecía el Partido era el de las ambulancias. El coste del servicio que ofrecían los hospitales estatales era inasumible, y muchas veces no querían ni entrar al ghetto.

>>Programas educativos

Desde la fundación del partido, la educación va a ser uno de los grandes pilares de la autodeterminación negra. En el quinto punto de su programa dicen: Queremos que la educación que se le ofrezca a nuestra gente exponga la verdadera naturaleza de esta sociedad decadente americana. Queremos una educación que nos muestre la verdad de nuestra historia y nuestro papel en la sociedad actual. Entre muchos programas, se desarrollaron un centro de aprendizaje comunitario, el Instituto Juvenil Intercomunitario, la alianza estudiantil negra, centros de desarrollo infantil, asesoría legal, etc. En las escuelas comunitarias se enseñaba matemáticas, lengua y literatura, ciencia, arte popular, educación política y estudios ambientales. El programa de artes culturales también parece impresionante, con clases de música, danza y arte dramático.

>>Programas de seguridad y autodefensa

Probablemente algunos de estos programas serían los más discutidos a día de hoy, pero como pensaría H.P. Newton, garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad y de sus seres queridos es una condición necesaria para que estos se puedan desarrollar y participar de la vida política y la acción comunitaria. De hecho, H.P. Newton fue miembro de una de las primera patrullas de autodefensa, en Oakland, California. Estos grupos armados se encaraban con la policía y defendían a los miembros de la comunidad, haciendo uso de las armas y de su dominio de la ley. También se encargaban de vigilar los accesos a las comunidades negras, y de avisar en caso de que la policía entrara al barrio. Con el tiempo surgió otro programa, extendiendo el programa de defensa de la comunidad negra: el porgrama SAFE, Seniors Against a Fearful Environement. Como respuesta a la demanda de un grupo de gente mayor que había sufrido agresiones y robos de manera recurrente, el partido va a poner en marcha un programa de acompañamiento y transporte de la gente mayor. Eso permitió que los ancianos pudiesen ir a cobrar los cheques y las pensiones, y hacer sus tareas diarias. También nos gustaría mencionar el programa de autodefensa de mujeres , impulsado por las escuelas comunitarias.

>>Programas comunicativos e informativos

Para mantener a la comunidad movilizada y fuerte también se la ha de tener informada. Eso van a pensar los líderes del Partido. Comparaban la necesidad de difusión del partido con la lucha armada de los vietnamitas. Decían que los vietnamitas llevaban encima las máquinas de escribir allá por donde fueran, para producir panfletos y otros folletos con la intención de propagar su mensaje sobre la lucha de liberación de su país. El partido necesitaba un periódico donde explicar su historia. El 25 de abril de 1967, el Black Panther Party publicó el primer número del periódico, que consistía en un pliego de cuatro hojas dedicado a la muerte de Denzill Dowell y a la brutalidad policial contra el pueblo negro americano. Artículos provocadores y caricaturas en las que se representa a los policías con forma de cerdo, hicieron que el periódico Black Panther fuera puesto bajo estrecha vigilancia por parte del FBI. En 1970, el Black Panther superaba los 125.000 ejemplares semanales

>>Otros programas

Entre otros programas comunitarios, se van a llevar a cabo porgramas de solidaridad con los presos: cajas solidarias para comprar libros y otros artículos básicos para los presos, un sistema de transporte para los familiares de los presos, que muchas veces tenían que atravesar todo el país para visitar a los suyos.

A modo de conclusión sobre la experiencia del Poder Negro, podemos decir que su virtud residía en que sus propuestas concretas servían para desplegar el programa de transición hacia el socialismo y servían a la autodeterminación del pueblo negro y del pueblo de los EUA. Como crítica transversal a todos sus programas, creemos que no había un programa de financiación estable y sólido, y que muchas veces dependían de donaciones y de la filantropía de capas burguesas de la población. También creemos que uno de sus puntos débiles, como ellos mismos reconocen, fue subestimar al estado más poderoso del planeta.

>La Autonomía italiana (1968-1977)

El contexto económico en el que se crea este movimiento, es el de la reestructuración del orden capitalista mundial. Como hemos dicho antes, el modelo de acumulación capitalista que existía hasta ahora entra en crisis y eso le lleva a reconfigurarse. Se traduce en más externalizaciones por parte de las empresas, la automatización de las fábricas, y la financiarización de la economía. También se genera un rechazo muy fuerte a los mass media y a la cultura predominante. Un rasgo característico de este movimiento en Italia, es la manera ofensiva que tiene de afrontar esta crisis del capitalismo, profundizando en sus contradicciones, en lugar de tener una posición conservadora o defensiva, como la que se va a tener en la crisis de 2008. Está considerado como el último movimiento revolucionario del siglo XX en Europa, y es un referente histórico importantísimo porque está en la interfase entre el final del movimiento obrero clásico y la oleada de nuevas experiencias y formas de lucha, como el feminismo.

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Otros elementos que hacen que este movimiento sea algo diferente a un movimiento obrerista y que trasciende sus límites, es que se plantea como una batalla por la vida, y en contra de todo lo que representa el estado y el capitalismo. Se prefigura un comunismo que tiene como objetivo la destrucción actual y sostenida del estado, a partir de la construcción de una ética propia y de unas estructuras e instituciones autónomas. El conflicto traspasa los muros de la fábrica y se lleva a los barrios y a las ciudades. Se da cabida al puro deseo de liberar territorios donde poder vivir de otra manera, en contra de una metrópolis enemiga. El rechazo al trabajo en cadena alienante es total. Se okupan edificios abandonados para construir centros sociales, se okupan pisos y casas para vivir, se hacen expropiaciones masivas en supermercados, se crean radios libres. Un fenómeno muy curioso también fue el de las autorreducciones: de manera unilateral, la gente reducía el coste de las cosas, o acortaba el horario laboral; desde el pago de los suministros y del transporte, hasta las entradas al cine o conciertos de música.

El feminismo desarrollado durante los años setenta fue muy radical y profundo, y evidentemente, se va a construir como un sujeto autónomo. Lo podemos ver a través de las palabras de M. Tarí: ”El feminismo que surgió impetuosamente entre 1975 y 1976 en Italia no fue una consecuencia de la victoriosa etapa de referendos y derechos civiles (divorcio, aborto, violencia sexual), ni de las luchas obreras y estudiantiles que tanto abundaron tras el ’68. En definitiva, no fue ni un efecto de la movilización de la ciudadanía ni una <<costilla>> del movimiento; fue autónomo sobre todo porque su gestación fue autónoma. Se trataba de otra historia, con una <<agenda de lucha>> propia y muy radical. Los conflictos metropolitanos fueron más bien la condición por y en la cual la autonomía feminista, como otros movimientos, encontró amplios espacios que recorrer y que transformar.

La posición del feminismo autónomo respecto a la «conquista de los derechos civiles» supuso un escándalo para la izquierda. Las mujeres de los colectivos elaboraron una posición rigurosamente antijurídica que a día de hoy aún no ha sido superada en radicalidad e inteligencia. No se trataba, obviamente, de rechazar las mejoras de las condiciones de vida o los nuevos derechos que se iban adquiriendo, pero no les gustaba que se legislase sobre su cuerpo, y no creían que la adquisición de «derechos femeninos» en un sistema patriarcal pudiese transformar realmente las cosas, y aún menos propiciar una revolución. Al contrario, los «derechos concedidos» a menudo constituían un antídoto contra esa revolución, un instrumento de control más que una conquista. Y si pensamos en la Italia de hoy, donde el «derecho al aborto» no es un derecho demasiado seguro de ejercer en hospitales públicos, resulta que las feministas no estaban tan equivocadas al reivindicar la autogestión de las prácticas abortivas y contraceptivas.”

Probablemente solo el movimiento autónomo de las mujeres en el Kurdistán ha llegado a estos niveles de radicalidad y de construcción feminista. Como ejemplo de una estructura popular que marcó mucho la vida de esta autonomía, nos gustaría explicar muy brevemente lo que fue Radio Alice. Esta radio se creó en 1976 en Bolonia, y fue un órgano de experimentación y de sabotaje comunicativo muy fuerte, )para llevar a cabo la guerrilla informativa. Su virtud residió en el hecho de que no solamente va a convertirse en un altavoz del movimiento y de su intelectualidad, sino que sobre todo era un espacio de expresión de la gente de a pie. Como dice M. Tarí: en aquella época las radios libres eran una rareza y a nadie se le había ocurrido lo que Radio Alice puso en práctica desde el principio: en lugar de usar el micrófono como megáfono de la «propia» organización, lo puso al alcance de cualquiera.” Hay una película dedicada a esta experiencia, Laborare con Lentezza (2004), co-escrita por Wu Ming.

>La Autonomía indígena

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Es probable que latinoamérica sea la región del mundo donde se ha practicado la autonomía de forma más extensa y permanente, por parte de las comunidades indígenas originarias de sus territorios. Eso se debe a que ni la identidad indígena ni sus prácticas de apoyo mutuo han podido ser absorbidas o cooptadas por parte de los estados, y eso ha hecho que se tambalee la construcción nacional, en muchos casos. El máximo exponente de este fenómeno denominado “problema del indio” se ha dado en Bolivia ( Emmanuel Rodriguez): “El indígena, en la historia moderna, es la antítesis del ciudadano. El indio se debe antes a una comunidad, a su comunidad, que al Estado. El indígena, paria del Estado, es aquel que no ha sido del todo despojado de su comunidad. El indio se conserva en su comunidad y por eso aparece como un residuo frente al Estado. La historia de las repúblicas latinoamericanas nos muestra esta persistencia del indígena como exterioridad al Estado. Y en cierto modo la historia profunda de las repúblicas es poco más que la historia del problema indígena.” Algunos de los países latinoamericanos, durante la época colonial, hicieron frente a este problema utilizando la misma estrategia que los EUA, la de la exterminación masiva. Argentina y Chile, en su ánimo de europeización, practicaron este método. En otros paises, como Mexico, Guatemala o Bolivia, el hecho de que la población nacional sea mayoritariamente indígena hace que este tipo de estrategias de exterminio o asimilación sean físicamente imposibles. Uno de los elementos que hacen que las comunidades puedan practicar una autonomía tan radical es su vinculación con la tierra y los usos comunales de esta. Uno de los métodos más sutiles de desactivación de esta fuerza comunitaria ha sido el intento de convertir en pequeños propietarios a los miembros de los amaq’ y de los ayllus, formas de autogobierno comunal de Guatemala y de los Andes, respectivamente.

 

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En Mexico, tenemos el ejemplo de los zapatistas, que hace más de 25 años que declararon la autonomía, y que a día de hoy controlan una región de Chiapas del tamaño de Catalunya. Esta experiencia nos muestra con toda su expresión a través de sus municipios autónomos, que la comunidad indígena y la sociedad capitalista representan dos mundos completamente enfrentados, con unos valores antagónicos. Su propuesta, muy radical en la práctica, construye una alternativa en cuanto a elementos tan importantes como la organización social, la justicia, la educación, la salud o la producción. Como apunte extra solamente decir que muchas experiencias de lucha y de construcción de poder popular están totalmente vigentes aún a día de hoy, pero hemos querido insertarlo cronológicamente en esta etapa por una cuestión de relato.

4 EXPERIENCIAS ACTUALES

A finales de los años 70 y principios de los 80, ya tenemos una economía financiera en auge y el símbolo que mejor caracteriza esta época pasa de ser la General Motors a Wall Street. La economía hace un cambio de la esfera productiva a la esfera financiera. Evidentemente, esto viene acompañado de una ofensiva a nivel ideológico y propagandístico proveniente de los grandes focos de poder (estados y grandes corporaciones), que introducen un arsenal de dogmas y mantras que alimentan el individualismo y la competitividad, como la famosa frase de Margaret Thatcher “No existe eso de la Sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y familias.” En el estado español, esto coincide con el proceso de “democratización” hacia un sistema parlamentario, llamado transición, y la consolidación del neoliberalismo llega un poco más tarde, en los años noventa. Los elementos que despejan el camino para esta ofensiva del capital son diversos. Los más relevantes son los pactos de la Moncloa de 1977, con la consecuente burocratización y degradación de los sindicatos mayoritarios (CCOO Y UGT), y el ingreso en la OTAN y la Comunidad Europea a mediados de los ochenta.

Este proceso desemboca en un aumento de la precarización laboral, y eso comporta un proceso de fragmentación brutal de la clase trabajadora. Como sabemos, estas condiciones son más favorables para una gestión y resolución del conflicto social a favor de las élites del estado. Evidentemente, esto no se limita a una batalla económica o material, pues este proceso de precarización se profundiza cuando va acompañado de un discurso hegemónico individualizador, que promueve el consumo y el afán de superación liberal, en lugar de la solidaridad de clase y el apoyo mutuo.

Al cobijo de esta época, nacen movimientos que nos pueden servir como referente histórico y actual a la hora de elaborar nuestra estrategia revolucionaria y de construcción de poder popular.

>Movimiento Kurdo (1978-actualidad)

La historia del movimiento de liberación kurdo no se entiende sin conocer la historia del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) fundado el año 1978 por un grupo de estudiantes liderado por Abdullah Öcalan. La ideología original de este partido es el socialismo revolucionario, incorporando el nacionalismo kurdo, con una clara inspiración en otros movimientos de liberación nacional de corte marxista-leninista. El objetivo principal de este partido era la creación de un estado libre y comunista kurdo. El Kurdistán está situado en medio del conflicto permanente. Es una región geográficamente enorme, que engloba el sudeste de Turquía, el noreste de Siria, el noroeste de Irán y el norte de irak, con una población de más de 40 millones de habitantes. Es a partir de 1984, con el golpe de estado militar en Turquía y la consecuente prohibición de hablar y escribir la lengua kurda, y reprimir cualquier intento de expresión de la identidad kurda, que el PKK inicia un movimiento de insurgencia a gran escala. Durante este primer período, se asientan las bases ideológicas del movimiento, incorporando una ética muy fuerte. Los kurdos insisten mucho en que para que una ideología sea realmente revolucionaria, tiene que haber una coherencia absoluta entre la teoría y la práctica, y sobre todo debe tener unos fundamentos éticos muy profundos. Utilizan el método de la crítica y la autocrítica como vía para mejorar tanto individual como colectivamente: “No es el individuo, sino la sociedad. No es el momento, sino la historia.” Es a través de los cuadros de este partido, y sobre todo a través de su líder Öcalan, que se encarnan los valores y principios de la revolución en el Kurdistán.

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A finales de los 80, y con una experiencia de más de diez años, se da un proceso de replanteamiento estratégico e ideológico. Se incorpora la lucha por la liberación de la mujer como un eje principal y prioritario para la revolución en el Kurdistán. Según Öcalan “Un país no puede ser libre si sus mujeres no lo son”, “cuando la mujer está en casa, en realidad pasa a ser una esclava. Es imposible imaginar otra institución que esclavice tanto a la como el matrimonio”, “El sexismo, como el nacionalismo, es una ideología mediante la cual se construyen los estados-nación” y “la subyugación social de la mujer ha sido la contrarrevolución más vil que jamás se ha llevado a cabo”. En la práctica esto se traslada a distintos niveles: tanto estratégicos como organizativos, como comunitarios, etc. Las mujeres pasan a definirse como sujeto autónomo en un sentido filosófico y organizativo, y pasan a tener un papel mucho más relevante en el curso de la revolución. Las comunidades también se van empapando de estos nuevos valores promovidos por las organizaciones de mujeres. Ejemplos clarísimos de estos cambios son la incorporación de un brazo armado creado específicamente por mujeres, o la creación de la Jineología (ciencia de la mujer) entre otros.

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A finales de los noventa, el motor de la revolución, el PKK, introduce cambios en sus principios políticos, y eso da pie a un nuevo paradigma. De alguna manera se aborda la cuestión del poder y del estado con un análisis más amplio, introduciendo una mayor flexibilidad estratégica. Este cambio se inspira en algunas ideas del creador de la teoría de “la ecología social”, Murray Bookchin, y en observar la composición sociológica y étnica del conjunto del Kurdistán. Estas nuevas ideas cristalizan en lo que posteriormente se denominará como confederalismo democrático. Esta propuesta universalizable, supone el camino más revolucionario y realista que ahora mismo se puede plantear la revolución del Kurdistán, y que a la vez puede incorporar todas las identidades nacionales y religiosas de oriente medio. Según Öcalan “El derecho de autodeterminación de los pueblos incluido el derecho a un estado propio. Aún así, la fundación de un estado no aumenta la libertad de un pueblo. El sistema de naciones unidas basado en estados-nación ha sido ineficaz. Mientras tanto los estados-nación se han convertido en serios obstáculos para cualquier desarrollo social. El confederalismo democrático es el paradigma contrastado del pueblo oprimido. El confederalismo democrático es un paradigma social no estatal. No está controlado por un estado. Al mismo tiempo, el confederalismo democrático es el plano organizativo cultural de una nación democrática. El confederalismo democrático se basa en la participación de base. Sus procesos de toma de decisiones corresponden a las comunidades. Los niveles superiores solo sirven para la coordinación y la implementación de la voluntad de las comunidades que envían a sus delegados a las asambleas generales. Durante un espacio de tiempo limitado, son a la vez portavoces e institución ejecutiva. A pesar de lo cual, el poder básico de decisión recae sobre las instituciones de base.”

>>La Autonomía al noreste de siria (Rojava)

Este territorio está habitado por más de 3 millones de personas, y se ha declarado la autonomía por las Fuerzas Democráticas. Durante la guerra siria, se formaron la unidades de protección popular (YPG), para proteger todas las zonas con una mayoría étnica kurda. Después de combatir al ISIS y de defenderse del estado turco, su resistencia demuestra como la propuesta democrática del movimiento kurdo es la única vía liberadora para la región. Aquí se sigue el paradigma político y organizativo del confederalismo democrático. La población se organiza en las comunas de barrio, y al tiempo estas comunas se organizan por distrito o sector, que pasa a gestionar áreas como la salud, la educación, la justicia o la cultura. Las mujeres tienen un sistema propio de organización que al tiempo integra otra confederación, y eso es muy relevante en una región con un predominio del islamismo bastante grande. A parte de los grupos de autodefensa no mixta y otras estructuras propias, las mujeres también se han dotado de comités de Paz y Consenso, que suponen un primer paso en la elaboración de una justicia kurda verdaderamente liberadora. Los habitante de esta región también disponen de su propia red de pequeñas empresas o cooperativas, desde donde se organiza la producción y se ofrecen los servicios a la población.

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>Cooperativismo en el barrio de Sants

Los últimos años, siguiendo la tradición histórica de creación de estructuras autónomas en el barrio, ha habido un auge muy importante del cooperativismo en Sants. No solamente ha habido un salto a nivel cuantitativo, sino que podemos ver que cualitativamente la apuesta que se está haciendo es la más firme de todo Barcelona en el ámbito cooperativo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, por el grado de conexión cada vez más grande que hay entre las diferentes cooperativas. Aquí destaca el papel de Can Batlló, un espacio vecinal autogestionado que ha dado cobijo a muchas iniciativas entre las que se encuentran la editorial Descontrol, o la querida Escola Arcadia. También podemos encontrar el espacio de La Comunal, que acoge proyectos cooperativos potentísimos como el que tienen las compañeras de Ciutat Invisible o La Directa, y otras como La Deskomunal, Aula d’Idiomes, Lacol, Quesoni,Centre Iridia, Ciutat Invisible, Jamgo.

>Movimiento Okupa (1985-actualidad)

“El ciclo de las okupaciones perforó en algunos puntos la realidad sobredeterminada por el mercado, despejó la neblina casi opiácea que mantenía bajo el sopor de los antiguos intentos de transgresión. Y luchando por experimentar una colectividad insubordinada, no sólo socializó la desobediencia en algunos colectivos de las nuevas generaciones precarizadas, sino que incentivó reencuentros con las guerras sociales anteriores.” Leyva, Miró, Urbano, De la protesta al contrapoder. En lo referente a Catalunya, podemos decir que las primeras okupaciones con un cariz más político tuvieron lugar alrededor del 85. Este movimiento se crea en el contexto que hemos descrito anteriormente, donde hay una crisis de legitimidad del statu quo y un cuestionamiento total de las relaciones sociales y de poder, pero con una fragmentación total de la clase obrera, y un sindicalismo combativo en horas bajas. También se da una expasión considerable del asociacionismo y del movimiento vecinal. Ejemplos de proyectos de okupación surgidos del movmiento vecinal más combativo son el Casal Infantil y Juvenil Marianao de Sant Boi de Llobregat, donde hay proyectos socioeducativos para jóvenes en situación de riesgo, o el aún existente Ateneo Popular de Nou Barris. Es desde los años setenta que la CNT, ante la negativa del estado de devolverle su patrimonio histórico, que empieza a okupar locales que antes habían pertenecido al sindicato.

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Es habitual que el movimiento autónomo en esta época se imbrique perfectamente y entre en relación con la okupación. Los primeros espacios sociales o CSOs (Centro Social Okupado) funcionan como estructuras y espacios liberados del Capital, donde se practica otra forma de vivir y relacionarse. Estos centros sociales también son generadores de una identidad y conciencia antagónica. Xavi López García en su libro La Insistencia, dice: “El lenguaje cultural okupa ponía en el centro de sus nociones la expresión pública de un conflicto de desigualdad social. Ponía en evidencia la dominación, a través del problema de la cultura, secuestrada por los mediadores de la administración, los “gestores culturales”, del mismo modo que la vivienda lo estaba por la propia legalidad estatal. Ponía en cuestión el propio concepto de sociabilidad.”. A finales de los noventa, el movimiento experimenta un crecimiento considerable, y se comienzan a extender las okupaciones, tanto de viviendas como de espacios para hacer centros sociales. A principios de siglo, aunque el movimiento conserva su fuerza, su liderazgo se ve desplazado por otros movimientos como el antiglobalización, el movimiento contra el servicio militar o posteriormente contra la guerra de irak. A medida que avanzan los años, la okupación se extiende y por tanto la composición del movimiento se diversifica, llegando al 15M, que da un nuevo impulso a la práctica de la okupación como recurso material para dotarnos de espacios autónomos. Ejemplos históricos de espacios okupados en Barcelona o su entorno, y que en muchos casos han perdurado hasta ahora, son Kasa de la Muntanya, Can Vies, los Cines Princesa desalojados en el 96 después de 7 meses de actividad frenética, la Hamsa, Can Masdeu, el Kan Pasqual, la Rimaia, Banc Expropiat. Ejemplos más actuales que son un referente apra el movimiento son Ca l’Espina o La Engorilada entre otros.

A modo de conclusión, y aunque el movimiento no tenga una percepción propia como un sujeto cohesionado, Xavi López también escribe “El movimiento okupa ponía en juego los dos polos de la tradición libertaria en nuestra historia reciente: la deserción del mundo establecido, y la insistencia en la transformación del mismo.”

>Movimiento por la vivienda en Catalunya (2009-actualidad)

Podemos decir que el movimiento por la vivienda nace con la creación de la PAH, en 2009, en un contexto de estallido de la burbuja inmobiliaria y de crisis económica generalizada. Muchas familias, por el hecho de haber participado en el circuito financiero especulativo a través de la deuda (créditos para consumir) y a través de la compra (vivienda principalmente), se ven abocadas a la miseria y a una situación en la que ven peligrar su techo. Rápidamente se ve como un terreno de disputa económica, con un desplazamiento del trabajo a la vivienda. Más adelante veremos que esto permite que también se cree una lucha territorializada, en lugar de una lucha por sector, oficio o gremio. Esto permite potenciar las estructuras populares arraigadas en la comunidad, y así fortalecer el sujeto de lucha en los barrios, ciudades y pueblos.

Con la crisis de 2008, se llega a una contradicción irresoluble: el negocio alrededor de la vivienda es incompatible con el derecho a un hogar digno, y en definitiva, con la vida misma. Es por eso que la lucha por la vivienda, que es una lucha eminentemente económica, se convierte en una lucha por la vida.

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Esta última década está manchada por una oleada de desahucios desmesurada: desde 2008 ha habido más de un millón de desahucios (judiciales), sin contar los invisibles. Al principio, a través de ejecuciones hipotecarias, y más recientemente, lanzamientos por impago del alquiler o por finalización de contrato. La expulsión directa de nuestros hogares o la extracción de rentas a través del alquiler/hipoteca, probablemente suponen el factor que más ha empobrecido a la clase trabajadora en el estado y en los Països Catalans. En este sentido, Catalunya ha sido la región que más crudamente ha sufrido esto: es líder en demandas judiciales por okupación y por impago de alquiler desde 2013. El País Valènciá es líder en ejecuciones hipotecarias. Evidentemente, el papel del estado durante la crisis ha sido el de apuntalar los intereses de la banca y las grandes empresas. Durante el mandato del PSOE, se van a promover medidas para blindar la especulación, como la creación de las SOCIMIs o la ley de desahucios exprés, para acelerar los procesos de desahucio. Posteriormente, a manos del PP, se va a hacer una reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula los alquileres) muy favorable al rentismo, y una medida para que las SOCIMIs no pagasen impuestos. Con esto, se desplaza la especulación inmobiliaria de las hipotecas al alquiler.

Si aún no había bastante, en 2012 se crea la SAREB con fondos públicos. Se adquieren los activos tóxicos de las entidades bancarias insolventes, a precio por encima del recomendado por las instituciones europeas, rescatando y bonificando a los bancos y cajas que nos va a abocar a la crisis. La factura de todo esto, es de 271.539 millones de euros de dinero público destinados al rescate bancario. Se ha calificado a menudo como el expolio más grande que se ha hecho a un pueblo en toda la historia moderna de Europa.

Con el camino despejado para reorganizar el negocio inmobiliario en torno al alquiler, y con muchas familias expulsadas en la primera fase de ejecuciones hipotecarias, se suman a esta tendencia especulativa todos los otros agentes medianos y pequeños, rentistas e intermediarios como los APIS. En 2018, y a petición del Partit Democrata Català, se endurece aún más el reglamento para condenar la okupación, introduciendo cambios en la ley. También será 2018 el año en el que el precio del alquiler llegará la máximo, y el año en el que más desahucios se ejecutaron en el estado español.

Durante toda esta ofensiva por parte del estado y el capital, ha sido sobre todo la PAH quien va a ser capaz de amortiguar los golpes y de construir un frente de lucha en torno a la vivienda. La mayoría de los núcleos de la PAH se van a constituir como comunidades en lucha para defender a sus miembros, pero algunas, como la PAHC de Bages, decidieron reforzar y expandir la acción de su colectivo más allá de la vivienda, mediante lo que se ha acabado llamando estructuras populares. El ejemplo de la PAHC de Bages es un referente para el movimiento en este sentido, no solo por la cantidad de estructuras, sino por su consistencia y duración. Algunas de estas instituciones son la escuela de alfabetización de mujeres Soror, la Escola Popular de Manresa, la AAMAS (Assemblea d’Afectades pel Masclisme i el Patriarcat de Manresa), o el colectivo Acciò Sindical Bages.

A partir de 2016, y siguiendo con el espíritu post-15M, se empiezan a crear asambleas de vivienda en muchos barrios de Barcelona, viendo que @PAH_BCN no se acaba de adaptar al nuevo contexto político y económico, fruto también de tensiones internas dentro del movimiento. Esta primera oleada de grupos de vivienda de barrio la forman el Sindicat d’habitatge de Sants, El sindicat d’habitatge de Gràcia y el sindicat de barri del Poble Sec. Posteriormente, en 2017 se creará el sindicat de llogateras, que nace con al intención de plantar batalla sobre todo en el ámbito del alquiler, que en aquel momento y hasta día de hoy, es la vía de acceso a la vivienda para la mayoría de la clase desposeída. En los últimos años la proliferación de sindicatos de vivienda de barrio, sobre todo en Barcelona, nos lleva ahora a un escenario en el que la mayoría de barrios están organizados.

Otra fecha muy relevante para el movimiento es la celebración, en noviembre del año pasado, del I Congrès d’Habitatge de Catalunya. Este congreso sirvió para dar un paso adelante en la lucha colectiva. Se pudo trazar un programa conjunto y lo que es más importante, se va hacer patente la necesidad de caminar hacia la unidad del movimiento por la vivienda. Una de las apuestas estratégicas más importantes va a ser la de hacer avanzar el conflicto colectivo, que debe culminar en un proceso de negociación colectiva en el que opere la lógica de “o todos o ninguno”. La otra apuesta estratégica que se va a hacer va a ser la creación de estructuras populares tal y como se afirma en la ponencia aprobada (pág. 21): ”Tener una sociedad organizada en un movimiento popular con capacidad para resolver nuestras problemáticas diarias es la mayor garantía ante los abusos del capitalismo. Por tanto, entendemos que los próximos años deberemos profundizar en al creación de todas estas estructuras populares vinculadas a nuestros colectivos de vivienda. Hará falta aprovechar las experiencias que hemos acumulado y expandirnos en ámbitos en los que aún no estamos organizadas”. Siguiendo el ejemplo de la PAHC de Bages, muchos otros sindicatos, PAHs y redes, han creado sus propios espacios donde fortalecerse y crear lazos entre sus miembros, con el objetivo de crear comunidades fuertes y de contribuir al proceso de formación de clase. En el ámbito educativo, a parte de la ya nombrada Escola Popular de Manresa, también existen Escola L Bordeta de Sants, la Escola Popular Rizal de la PAH Ripollet. La Escola Popular de la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme, o la recientemente creada Escola popular de Balàfia de la PAH Lleida . En el ámbito deportivo, en Manresa tienen escuela de boxeo y en la La Gaietana se han hecho clases de boxeo y autodefensa para mujeres, vinculadas a la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme y Xarxa d’Habitatge del Masnou. Los ejemplos anteriores son solo una muestra de estos proyectos que los próximos años se deberían ir implantando por el territorio y convirtiendo nuestras comunidades en asentamientos autónomos.

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En lo referente a la organización autónoma de las mujeres, hay que remarcar que ya se acumulan años de experiencia y de trabajo en grupos no mixtos en las asambleas de vivienda y que la construcción de un frente feminista cohesionado por todo el movimiento ya se está gestando, siendo una muestra de ello el primer encuentro no mixto, como un primer punto de reunión de todas las mujeres del movimiento, para construir un discurso y una práctica feminista. En este encuentro, se impartieron diversas formaciones, y se va a poner el foco sobre la autodefensa feminista, tanto física como psicológica.

LOS 5 PUNTOS

Si las estructuras populares del movimiento por la vivienda o de cualquier comunidad en lucha quieren estar al servicio de un horizonte revolucionario, han de estar sujetas a un programa como movimiento, y creemos que estas características son importantes:

1)Deben poder cubrir, como mínimo, las necesidades básicas: para llegar a liberarnos, debemos tener unas condiciones de vida dignas.

2)Han de ser socializables, replicables y escalables.

3)Han de aumentar el nivel de conciencia de clase.

-4)Han de debilitar al estado y mostrar su inoperancia.

-5)Han de ayudar al proceso de agregación y cohesión de clase.

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Muchas gracias a les compas de Casa Buenos Aires por toda la ayuda prestada para esta traducción y por sus reflexiones.

Desahuciadas sin alternativa, organizadas por la vivienda

El pasado martes 22 de septiembre María Isabel, con una discapacidad acreditada del 66%, es desahuciada junto a su marido, Roberto, y su hijo, Óscar, del piso en el que llevaban viviendo 7 años. La policía ejecuta el desahucio a pesar de que existe una vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y no se les ofrece ninguna alternativa habitacional.

En otoño de 2019, tras 7 años en la vivienda, los propietarios comienzan un proceso judicial con motivo del impago de 2 meses debido al retraso en la concesión de una ayuda por discapacidad. A pesar de las propuestas de Roberto y María Isabel para pagar los 2 meses de alquiler que debían, los propietarios se niegan a negociar remitiéndolos a su abogado, con quien no pudieron contactar.

La siguiente noticia que recibe la familia es el fallo de un juicio al que les fue imposible presentarse porque las notificaciones judiciales estaban llegando a una dirección incorrecta. El fallo decreta el desahucio, a pesar de la precariedad económica de la familia, la discapacidad de María Isabel y la presencia de un menor a su cargo.

La primera fecha de lanzamiento del desahucio es el día 26 de marzo de 2020, que se suspende temporalmente a causa de la situación provocada por la pandemia del Covid-19. A pesar de las reiteradas declaraciones públicas por parte del gobierno progresista del estado español, en las que mostraron su preocupación y compromiso con los sectores más vulnerables de la población, el día después de la finalización del estado de alarma, a María Isabel y Roberto se les notifica una nueva fecha de desahucio fijada para el 22 de septiembre de 2020.

Ese día a las 10:00 de la mañana se presenta la comitiva judicial en la dirección incorrecta, siendo el propio Roberto el que les informa de que es su casa a la que se refiere la orden judicial y no la de la vecina, a donde se dirigían. Le informan de que coja lo imprescindible y desenchufan la máquina de María Isabel, dejándola sin asistencia respiratoria durante el tiempo que dura el desahucio.

Sin alternativa habitacional y con una persona afectada por una enfermedad respiratoria de carácter crónico que constituye un grupo de alto riesgo frente al coronavirus, se dirigen al albergue municipal. Allí les informan de que el albergue cierra de 12:30 a 16:30, por lo que tienen que esperan durante 6 horas, tiempo durante el cual María Isabel depende de un respirador asistido con una autonomía de solo 2 horas. Tras la espera, las trabajadoras del albergue, viendo la situación de extrema vulnerabilidad a causa de la patología de María Isabel, deciden que el albergue no es un espacio viable para la familia y resuelven que se les dé alojamiento en una pensión hasta el lunes 28 de septiembre; pasado mañana.

Al no poder recoger sus pertenencias el día del desahucio, un mando de la policía municipal les asegura que el viernes 25 de septiembre tendrán 2 horas para recogerlas y que ésto quedará reflejado en el informe, del cual no se les da copia. Cuando ese día Roberto y su hijo Óscar van, les espera a la puerta de su antiguo hogar un dispositivo de la policía municipal que, contraviniendo lo dispuesto por su propio mando el día del desahucio, no les deja más de cinco minutos para recoger todas las pertenencias acumuladas durante 7 años.

Ante esta situación, la Oficina Popular de Vivienda nos personamos en apoyo a la familia con la intención de que pudieran recuperar todos sus efectos personales. Un desproporcionado dispositivo policial hace caso omiso tanto a las peticiones de Roberto como a las realizadas desde la Oficina. Como resultado, la gran mayoría de sus cosas se quedaron en el piso.

Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid nos posicionamos frontalmente en contra del desahucio, más aún teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad económica y de riesgo sanitario en la que se encuentra la familia.

Nos parece evidente que una vez más el derecho a una vivienda digna se ha visto sometido al beneficio económico de los propietarios, dado se ha utilizado un impago de dos meses para justificar un desahucio que tenía como objetivo permitir la puesta a la venta del piso, como se recoge en las declaraciones incluidas en el auto judicial.

La vivienda es una necesidad básica que no esta siendo satisfecha, lo que nos obliga a organizarnos para poder suplir a una administración pública fallida que rehuye sus obligaciones para con las personas más precarias, centrándose en mantener los privilegios de las élites, mientras se financia a base de los impuestos que recaen mayoritariamente sobre la clase trabajadora.

En Valladolid quienes tienen las competencias para intervenir en este tipo de situaciones son el Ayuntamiento y los servicios sociales. Pero cabe recordar que pese al mal funcionamiento de los servicios sociales no debemos culpar a sus trabajadoras, sino a la clamorosa falta de recursos con la que se ven obligadas a trabajar a causa de las políticas públicas de las instituciones.

El equipo de gobierno de Óscar Puente obtiene rédito político de mantener un discurso sensible con la precariedad, pero que no se materializa en políticas públicas que atajen estas situaciones, más allá de un albergue 24 horas que no acaba de terminarse, impasible y ajeno al hecho de que la rueda del capitalismo sigue girando por encima de familias como la de Roberto y María Isabel, sin detenerse siquiera ante las consecuencias de una pandemia.

No encontramos mejores palabras que las del propio Roberto para definir la situación actual de la vivienda : “Luego dicen que en un año no has encontrado casa, pues no he encontrado. Casas hay miles pero yo no puedo pagarlas”

Desde la Oficina Popular de Vivienda exigimos al ayuntamiento de Óscar Puente una alternativa habitacional válida y estable para María Isabel, Roberto y Óscar.

La especulación y no la ocupación es lo que destruye los barrios

La prensa regional y estatal está recogiendo estas últimas semanas los pronunciamientos de algunos vecinos de Santovenia de Pisuerga y del barrio de Parquesol en Valladolid que dicen estar preocupados por algunas viviendas vacías que han sido ocupadas por nuevos vecinos repitiendo algunos discursos, que si bien son muy televisivos, tienen poco que ver con la realidad material de las personas que ocupan y sus vecindarios. A pesar de que estos discursos son repetidos de forma incansable por los medios hasta que calan socialmente, la principal preocupación que expresan los vecinos es el desconocimiento de lo que sucede en esas casas y de las situaciones sociales que estos nuevos vecinos puedan producir. Nosotras, que estamos en contacto con la problemática habitual de vivienda de la clase trabajadora vamos a intentar aportar un poco de luz a este asunto.

Una de las ideas más repetidas es que la ocupación de viviendas conlleva un aumento de la inseguridad en los barrios. Esta afirmación se sostiene únicamente sobre la incertidumbre y la distancia con la situación vital de las familias que ocupan y no con un aumento de robos o actividades que perjudiquen al resto de los vecinos. En esta línea se suele continuamente recurrir a que los espacios ocupados son lugares en los que se trapichea y se consume droga. Esta relación es también una falacia con la que se pretende obviar la realidad de que la gente que ocupa lo hace porque necesita un techo bajo el que vivir. Tanto es así que hay espacios ocupados colectivos en los que no se permite el consumo de drogas, tampoco de drogas legales como alcohol o tabaco, a diferencia de lo que sucede en los lugares colectivos que normalmente se entienden como “cívicos” como terrazas o centros municipales donde se vende y consume alcohol y se soportan las consecuencias de forma totalmente normalizada. Relacionar drogas y ocupación es una acción interesada para criminalizar a las personas que ocupan oponiéndolas al civismo de la propiedad privada; esto se ve muy claro en esta noticia de El Norte de Castilla, donde unas personas que consumen drogas en un chalet abandonado de Parquesol hace solo unos meses. La diferencia es que en ese caso se trata de un propietario (que además es promotor inmobiliario) que no cumple sus obligaciones legales desde hace décadas, pero como las leyes que no se cumplen son las que limitan la propiedad y no las que limitan al inquilino, pues es un problemilla administrativo, pero no una grave afrenta al civismo y a la vida del barrio a pesar de mostrar las consecuencias que se pretenden ver en las viviendas ocupadas.

Uno de los elementos importantes en este asunto es el continuo señalamiento a las personas racializadas que ocupan una vivienda, apelando al incivismo de su cultura. Esto tiene mucho que ver con el trabajo tan constante que hacen los ricos para enfrentar al último con el penúltimo, con meterle miedo al trabajador que nació aquí con que va a venir otra persona de fuera a quitarle su trabajo y a ocuparle su casa. Cuando lo realmente importante es porqué ambos tienen un sueldo que es una miseria y tienen problemas reales para simplemente tener una vivienda mientras hay unos cuantos patrones que no saben dónde meter tanto dinero y qué hacer con tantas viviendas vacías. A todo esto hay que sumar una situación que vemos habitualmente en la ofi de vivienda que es que a las personas racializadas no les alquilan una vivienda, aunque tengan papeles, un contrato indefinido y un sueldo muy superior a la renta que se exige. ¿Qué deberían hacer si nadie les alquila una vivienda?¿Vivir debajo de un puente? (por cierto esto también está prohibido)

Estamos de acuerdo y no evadimos la cuestión de que la conviviencia es un asunto espinoso y tremendamente complicado, pero lo es en todos los ámbitos de la vida y lo es en los en barrios en los que hay gente de alquiler, en los que todas los personas que viven son propietarias y en los que hay gente que ocupa. De hecho los juzgados están hasta arriba de juicios en los que se tratan conflictos en comunidades de propietarios como quiero poner un toldo y no me dejan o me huele la habitación a fritanga cuando cocina el de enfrente. La convivencia es algo que se construye de forma cotidiana y que no viene dado por la forma administrativa en la que se habita una vivienda, de la misma manera que se construyó en barrios que ahora parecen muy cohesionados socialmente, pero que en los años 50,60,70 estaban llenos de personas que migraban desde el campo y donde los choques culturales eran seguramente mayores entonces entre el campo y la ciudad que los que puede haber hoy en día entre una persona que ha nacido aquí y una que viene de Marruecos.

Una de las cuestiones principales de este asunto es que las viviendas de las que estamos hablando son propiedad de la SAREB (en este artículo se explica qué es la SAREB y cómo se ha constituido). Es decir estas viviendas eran propiedad de un banco y fueron compradas con dinero público a precio sobrevalorado para rescatar al banco en cuestión. En este ejercicio el estado se gastó 60.000 millones de euros que no espera recuperar, porque a los bancos no se los aprieta como a un inquilino que debe un mes de alquiler y sobre el que cae toda la fuerza de la ley. En estas viviendas no vivía nadie cuando fueron ocupadas ni su ocupación perjudica materialmente a ningún pequeño propietario. Los medios difunden la idea de que la propiedad privada es una institución que funciona igual para una persona que vive en un piso con una hipoteca que a penas alcanza a pagar con su sueldo precario que para un banco que tiene decenas de miles de viviendas con las que especula de forma inhumana. Los grandes propietarios continuamente extienden la idea de que si bajas a por el pan y te despistas 5 minutos te pueden ocupar la casa. Esto sencillamente no ocurre. Las viviendas ocupadas son viviendas que estaban abandonadas y en un porcentaje altísimo propiedad de bancos o fondos de inversión para los que un vivienda solo es una mercancía con la que enriquecerse.

La pregunta pertinente en esta situación es ¿Porqué esta gente está ocupando esas viviendas? No parece muy difícil darse cuenta de que ocupar es exponerse sobremanera a ser violentado por multitud de elementos tanto policiales y legales como sociales. La realidad es que el disfrute de una vivienda digna es un derecho recogido en la constitución española (art. 47) que no funciona de forma efectiva. Es decir la vivienda no es un derecho inherente a la ciudadanía como es la libertad de circulación, el matrimonio o el voto. La satisfacción de este derecho se confía a un mercado inmobiliario y del alquiler cuya función no es que todo el mundo tenga una vivienda digna, sino que unos pocos propietarios y promotores se enriquezcan a costa de las necesidades de las demás. En Valladolid hay viviendas de sobra para todas las personas que vivimos aquí, el problema es que muchas de ellas están vacías porque prima el valor de cambio de estas viviendas sobre su valor de uso y los bancos prefieren tenerlas vacías a que sean habitadas por las personas que lo necesitan y no pueden pagar nada a cambio (por cierto incumpliendo el artículo 33 de la constitución sonde se limita la propiedad privada por la función social).

En definitiva, la ocupación no es en sí misma una forma de habitar las viviendas que ataque a las redes de barrio y a sus habitantes, como sí hace por ejemplo la especulación y las subidas desmedidas de los precios de alquiler por parte de los fondos de alquiler que controlan el mercado, o que provoque problemas de inseguridad o salud pública como hacen otras dinámicas. Lo que realmente pone en peligro las redes de barrio y su cotidiano es que un propietario o un promotor decida que se va a enriquecer con la vivienda y que ese barrio constituye una oportunidad para poner en marcha su maquinaria económica de generación de beneficios que no tiene problema en cerrar pequeños comercios o expulsar a vecinas de toda la vida para ganar un poco más.

La modificación de la ley de urbanismo de Castilla y León posibilita el alquiler y venta de viviendas que no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad

Tras reunirse con la patronal de la construcción de Castilla y León, el consejero de fomento y medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que su consejería estaba estudiando la modificación de la ley de urbanismo para eliminar procedimientos administrativos y así eliminar restricciones a la promoción inmobiliaria.

El viernes 19 de junio de 2019 se ha publicado en el BOCYL un decreto-ley (http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/19/html/BOCYL-D-19062020-2.do) que pretende que para que las empresas se vuelvan a poner en funcionamiento, o más bien se recuperen tras el parón del COVID-19, se lleve a cabo una desregulación de diversos mercados. Este decreto “de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León” afecta a cuestiones diferentes como la protección ambiental, la producción eléctrica o el urbanismo. Esta última es la que más nos afecta como colectivo de vivienda, aunque no dejamos de mostrar nuestra preocupación por las medidas adoptadas en otros ámbitos y la solidaridad con las personas que se vean afectadas.

La modificación de la ley de urbanismo se lleva a cabo en sintonía con las modificaciones ya ejecutadas de la legislación en materia de urbanismo en Madrid, Murcia y Andalucía, donde la desregulación en lo tocante a la urbanización del territorio ha sido especialmente severa y cuyas consecuencias pueden ser especialmente perniciosas en la línea de la destrucción salvaje del territorio que se produjo en el periodo pre-crisis 2008 posibilitada por la ley de suelo del gobierno Aznar de 1999.

El principal contenido de esta desregulación es el cambio en el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación de una vivienda, que pasaría de ser una licencia propiamente dicha, con sus controles e inspecciones por parte del ayuntamiento correspondiente a una declaración responsable en la que el promotor afirma estar en situación de obtener dicha licencia. Esto se materializa legalmente dentro del citado decreto en la modificación del artículo 97 y 105 bis de la ley de urbanismo de Castilla y León. Este cambio, que se presenta por parte de la patronal y la Junta como una simplificación burocrática supone un cambio cualitativo en las condiciones de vivienda y no solo una agilización de trámites como pretenden.

El decreto en el que esto se enmarca está destinado a posibilitar legalmente que las empresas de determinados sectores productivos aumenten sus beneficios, por tanto nos hacemos la pregunta: ¿Cómo contribuye esta medida a que las promotoras y constructoras de vivienda aumenten sus beneficios? La respuesta que encontramos es que estos beneficios se van a aumentar a costa de la calidad y habitabilidad de las viviendas, porque la cédula de habitabilidad se va a obtener simplemente declarando que estás en las condidiones de obtenerla. Teniendo en cuenta que la manera de proyectar edificios de viviendas es buscando extraer la mayor rentabilidad posible al dinero invertido en su construcción, podemos adelantar que esto posibilita que los promotores decidan construir un mayor número de viviendas que las previstas en proyecto para aumentar sus beneficios, aunque estas viviendas no cumplan unas mínimas dimensiones o cualidades y encontremos situaciones como que haya habitaciones sin ventanas, que haya pasos menores de 60 cm, que los techos sean demasiado bajos, o que reduzcan sus calidades hasta hacerlas insalubres o inhabitables. El que se convierta esta licencia en una declaración responsable no desregula completamente esta cuestión, pero en la práctica supone convertir la cuestión de la dignidad de la vivienda en un política de hechos consumados en la que se juzga un inmueble que ya está construido y en el que ya vive gente, lo que dificulta la reversión de las cualidades perniciosas.

La licencia de primera ocupación no es un trámite burocrático para que la administración controle a las promotoras, sino para proteger al usuario de los intereses de estas, por lo que esta modificación legislativa afecta y desampara a los habitantes de las viviendas (sean propietarios o inquilinos) permitiendo que las condiciones dignas de vivienda de estos se subordinen a las necesidades del capital.

Este miércoles este decreto de la junta ha de ser ratificado en las cortes de Castilla y León, por lo que instamos a los grupos parlamentarios a desestimar esta medida que puede ser tan perniciosa para las condiciones de vivienda. Asimismo recordamos que este decreto incluye otras medidas perjudiciales como la eliminación de la licencia ambiental, lo que permite que las fábricas y ganaderías se instalen con lo que esto conlleva en términos de calidad de vida para la vecindad sin nigún tipo de diálogo social, según denuncia ecologistas en acción (https://www.ecologistasenaccion.org/146703/con-la-excusa-de-la-covid-la-junta-suprime-la-licencia-ambiental-en-castilla-y-leon/).

 

Regularización YA

Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid nos sumanos a la campaña Regularización Ya promovida por diversos colectivos antirracistas de todo el Estado, que tiene como finalidad la regularización de todas las personas en el Estado Español.

Ya añadíamos en un post reciente que las medidas actuales del Gobierno dejan en una situación de desprotección total a todas las personas que no tienen papeles, ya que no se pueden acoger a ellas. Para las personas en situación irregular, además, la violencia institucional se une a la violencia de los caseros, que en muchas ocasiones amenazan a les inquilines sin papeles ni contrato con llamar a la policía, con el riesgo de detención que esto supone para estas personas. Así, muchas se están viendo en la calle, sin trabajo ni dinero, y con escasas posibilidades de encontrar una alternativa habitacional en estos tiempos de pandemia.

Por eso nos sumamos a las reivindicaciones de la campaña #RegularizaciónYA que exige:

  1. Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.
  1. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.
  1. Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar  procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes.
  1. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.
  1. Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.
  1. Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.
  1. Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.

Alquiler para unes, deudas para otres, miseria para el resto

Las medidas del Gobierno aprobadas el 31 de marzo en el RDL 11/2020 nos plantean un panorama terriblemente preocupante a todas las personas que pagamos alquiler en el Estado Español.

Antes de la aprobación de este Real Decreto Ley, viendo que el Gobierno no había adoptado aún medidas para solucionar los problemas que se estaban empezando a dar en relación a los pagos de alquileres, el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria convocó una Huelga de Alquileres General e Indefinida para el 1 de abril de 2020, a la que se han ido sumando otros sindicatos y colectivos de vivienda, incluyendo a la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid y que ha traspasado las fronteras del Estado convirtíendose en una huelga internacional.

En dicha convocatoria se anima a toda la población inquilina y a todos los colectivos de vivienda a unirse a la huelga, recordando que, como siempre, los colectivos más vulnerables (arrendataries, migrantes, personas sin hogar, trabajadores doméstiques, precaries) han sido deliberadamente ignorados de las medidas.

Hoy, a 5 de abril de 2020, tras la aprobación del Real Decreto 11/2020 la situación es parecida o peor. El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas relativas al pago del alquiler, pensadas, según dicen, para apoyar a los colectivos más vulnerables, y que en resumidas cuentas proponen un endeudamiento de la población más precaria (la que tiene papeles, contrato de trabajo y alquiler, claro) y una dependencia total y absoluta de unos servicios sociales que ya estaban saturados en el escenario pre-pandemia. Pero veamos a qué se refieren exactamente estas medidas.

En primer lugar, el Gobierno hace una definición de colectivos vulnerables, según la cual hay que cumplir dos requisitos (recogidos en el artículo 5):

  1. Que a consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19, la persona que paga el alquiler se encuentre en situación de desempleo, se le haya aplicado un ERTE o reducción de jornada por cuidados de personas dependientes, o que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos. En el artículo se especifica la renta máxima que no puede superar ninguna unidad familiar para que se pueda acoger a las medidas del Gobierno, dependiendo de si tiene hijes a su cargo u otras personas dependientes, varía entre los 1613,52€ y los 2151,36€.
  2. Que los gastos de alquiler, sumados a los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, telecomunicación fija y móvil (internet, teléfono y móvil) y comunidad de propietarios, sean superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Consideramos que esta definición de colectivos vulnerables es escasa y muy limitada, ya que deja fuera de las medidas a toda aquella persona que ya estuviera en paro antes de la pandemia, que no tenga contrato de trabajo (recordemos que las trabajadoras del hogar y cuidadoras, normalmente migrantes, representan un amplio porcentaje de este colectivo) o que su trabajo no esté considerado como tal (como es el caso de las trabajadoras sexuales), que no tenga contrato de alquiler o que esté en “situación irregular” en el Estado.

Por otra parte, el Gobierno hace una distinción entre pequeños propietarios y grandes tenedores, ya que considera que no es lo mismo no pagarle el alquiler a uno que a otro. Veamos estas definiciones:

  • Como gran tenedor o propietario se considera a toda aquella persona física o jurídica (empresa) que tenga más de diez inmuebles excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1500m2.
  • Como pequeño propietario, por tanto, se considera a todo aquel que no cumpla los requisitos anteriores.

Estas definiciones son, nuevamente, para echarse las manos a la cabeza, sobretodo teniendo en cuenta que el propio RD hace énfasis en que «la vulnerabilidad del arrendatario» no se traslade a «los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales». En ningún caso se puede considerar que una persona que tiene dos, tres, cinco o hasta diez inmuebles, excluyendo garajes y trasteros (que recordemos en algunas partes de la ciudad alcanzan el mismo precio que las viviendas), pueda verse en una situación de vulnerabilidad si no reciben los pagos de las rentas. Si no reciben ingresos para mantener su nivel de vida es por estar viviendo de la especulación, no porque se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Las medidas que ha aprobado el Gobierno en materia de alquileres incluyen:

  1. Que en el caso de los grandes tenedores, empresas o entidades pública de vivienda, se establezca una moratoria de los pagos total o parcial (de hasta el 50%). Es decir, que el alquiler se tenga que pagar igualmente, pero en los meses posteriores a la finalización del Estado de Alarma (creando una deuda a les arrendataries).
  2. Que en el caso de los pequeños propietarios, se pueda solicitar un aplazamiento temporal o condonación parcial y total del alquiler (para lo cual el propietario tiene que estar de acuerdo), o que les arrentataries se acojan a alguna de las ayudas que ofrece el Gobierno.
  3. Las ayudas que ofrece el Gobierno son, o bien la concesión de microcréditos bancarios para pagar el alquiler durante un máximo de 6 meses, sin intereses ni gastos, lo cual genera una deuda a las personas que lo soliciten; o bien una serie de ayudas de hasta 900€/mes y de hasta el 100% del alquiler o el crédito que se haya pedido para pagarlos, con lo que les arrendataries pasan a depender de los servicios sociales, ya de por sí colapsados.
  4. En materia de desahucios, se suspenden (siempre y cuando no hubiera fecha ya) los desahucios sin alternativa habitacional durante un plazo máximo de 6 meses, de modo que los servicios sociales puedan atender todos los casos. Es decir, que se pospongan hasta 6 meses desde que se levante el Estado de Alarma para que les dé tiempo a los servicios sociales de organizarse, porque se entiende que va a haber muchos desahucios y todos de golpe sería difícil de llevar para los servicios sociales.
  5. Se establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, si el contrato finaliza entre el 31 de marzo y 2 meses después del fin del Estado de Alarma, por un máximo de 6 meses.
  6. Establecimiento de un programa de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, nuevamente, pasando por los servicios sociales.

Huelga de alquileres. Inquilines, guardad vuestra renta. Propietarios, guardad las distancias.

Todas estas medidas nos parecen a todas luces insuficientes, ya que, como hemos dicho, no acogen a las personas realmente más vulnerables, y a las que acogen, lo hacen para generarles una deuda o una dependencia de los servicios sociales. Es por ello que consideramos que la organización horizontal y desde abajo de todas las personas que nos encontramos con que no vamos a poder pagar el alquiler estos meses, con medidas o sin ellas, así como todas aquellas que se quieran unir a la huelga en solidaridad, es de vital importancia para demostrar nuestra fuerza y presionar a aquellos que más tienen. No queremos moratorias ni deudas, queremos la suspensión total de los pagos de alquileres.

No podemos obviar que la convocatoria de la huelga nace desde el privilegio de todas las personas que tenemos una situación regular en el Estado y, como mínimo, un contrato de alquiler. Es por ello que consideramos necesario incluir entre nuestras reivindicaciones, aquellas provenientes de los colectivos excluidos por las medidas.

Así, reivindicamos:

  1. Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
  2. Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de las miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.
  3. Regularización inmediata de todas las personas en situación irregular en el Estado.
  4. Derogación de la Ley de Extranjería.
  5. Cierre definitivo de los CIEs.
  6. Cese de TODAS las deportaciones y de las redadas e identificaciones racistas.

Si quieres saber cómo unirte a la huelga, visita este post.

¡Vecina, organízate!

Huelga de alquileres – 1 de abril de 2020

Huelga por la suspensión de alquileres por la crisis del COVID-19

¿Porque vamos a la huelga?
Somos muchas las personas que, a raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-9 hemos visto reducidos nuestros ingresos o incluso nos hemos quedado sin ellos y no vamos a poder pagar el alquiler de nuestra casa o de nuestro local comercial.

El gobierno ha respondido de forma ineficaz a esta situación, proponiendo moratorias (aplazamientos, que no suspensiones), microcréditos (que sabemos que terminarán suponiendo un endeudamiento de la población más precaria), y otras medidas que no servirán para paliar las dramáticas situaciones que estamos empezando ya a vivir.

Es momento de dar un paso más y no dejar que el problema recaiga de forma individual sobre cada une de nosotres. Pueden ignorar un impago, pero no miles. Creemos sinceramente que sólo si lo hacemos de forma coordinada, con una demanda conjunta y un plan de actuación, podemos conseguir que el gobierno suspenda los alquileres. Esto sólo tiene un nombre: huelga de alquileres.

Nos sumamos a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que en la convocatoria de la huelga declaran:

Nuestras exigencias básicas son claras:

Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.

Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de las miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.

¿Quién está llamado a participar de esta huelga?
Toda persona que haya visto reducidos sus ingresos a causa de la crisis del Covid19 y que su propietario no haya aceptado suspenderle el pago del mes de abril, así como toda la comunidad inquilina en solidaridad con las primeras.

¿Cómo sumarse a la huelga? Pasos a seguir para secundar la huelga

Si no puedes (o en solidaridad no quieres) pagar el alquiler de este mes y sumarte a la huelga, te indicamos los pasos que tienes que seguir para poder hacerlo.

1º Escríbenos un correo a oficinadevivienda (arroba) riseup.net explicándonos tu situación para que podamos hacer un seguimiento de tu caso.

Habla con tu casere para explicarle que no puedes pagar el alquiler este mes, alegando los motivos que creas oportunos. El objetivo de esta primera notificación es tratar de negociar de forma amistosa.

3º Entra en la página web https://suspensionalquileres.org/ y sigue los pasos que te indican en la guía.

  1. Rellena el formulario. Es muy importante que lo completes para poder contactarnos y que os podamos continuar mandando información de los próximos pasos.

  2. Descarga el modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad, rellenándolo con tus datos.  Lo encontrarás listo para descarga al final del formulario. Mándalo a través de correo electrónico a tu propietario y administrador de fincas.

  3. Descarga el modelo de notificación de huelga para enviar al ministerio de vivienda (portal.vivienda@fomento.es) poniendo en copia al siguiente correo: impagoalquiler@gmail.com. También lo puedes encontrar al final del formulario.

Difunde la iniciativa entre tus vecines, amigues y familiares para que se sumen y hagan aportaciones a la caja de resistencia.

¿Cuáles son los riesgos legales de hacer huelga de alquileres?
Hacer huelga de alquileres no es ilegal, pero tampoco está reconocida como derecho en nuestra legislación. Por lo tanto su éxito dependerá de la fuerza que tengamos y de cuántas personas seamos.

Mientras siga vigente el Estado de Alarma, nuestro casero no nos pueden denunciar por impago, pero una vez esta situación se acabe, si el gobierno no toma medidas, sí que lo podrían hacer. Desde el punto de vista jurídico no pagar y pagar menos de lo acordado en contrato son la misma situación.

La denuncia por impago del alquiler es una denuncia civil y no deja antecedentes legales. Si el juicio se pierde se han de asumir las costas económicas y unos meses después habrá una orden de desahucio. Hasta que esta orden no llegue, nadie nos puede echar de nuestras casas: el domicilio es inviolable y nadie puede entrar sin tu consentimiento.

¿Cuáles son nuestros compromisos como Oficina Popular de Vivienda de Valladolid?

  • Coordinarnos con otros colectivos estatales y sindicatos de inquilines para hacer fuerza y presionar al gobierno.
  • Facilitar toda la información necesaria de tipo administrativo y legal a toda aquella persona que se quiera sumar a la huelga.
  • Hacer un seguimiento de casos durante y después del confinamiento. Para ello ofrecemos asesoramiento legal, acompañamiento psicológico, negociación y mediación con la propiedad. En caso de deshaucio, le haremos frente en cualquiera de sus fases.