Desahuciadas sin alternativa, organizadas por la vivienda

El pasado martes 22 de septiembre María Isabel, con una discapacidad acreditada del 66%, es desahuciada junto a su marido, Roberto, y su hijo, Óscar, del piso en el que llevaban viviendo 7 años. La policía ejecuta el desahucio a pesar de que existe una vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y no se les ofrece ninguna alternativa habitacional.

En otoño de 2019, tras 7 años en la vivienda, los propietarios comienzan un proceso judicial con motivo del impago de 2 meses debido al retraso en la concesión de una ayuda por discapacidad. A pesar de las propuestas de Roberto y María Isabel para pagar los 2 meses de alquiler que debían, los propietarios se niegan a negociar remitiéndolos a su abogado, con quien no pudieron contactar.

La siguiente noticia que recibe la familia es el fallo de un juicio al que les fue imposible presentarse porque las notificaciones judiciales estaban llegando a una dirección incorrecta. El fallo decreta el desahucio, a pesar de la precariedad económica de la familia, la discapacidad de María Isabel y la presencia de un menor a su cargo.

La primera fecha de lanzamiento del desahucio es el día 26 de marzo de 2020, que se suspende temporalmente a causa de la situación provocada por la pandemia del Covid-19. A pesar de las reiteradas declaraciones públicas por parte del gobierno progresista del estado español, en las que mostraron su preocupación y compromiso con los sectores más vulnerables de la población, el día después de la finalización del estado de alarma, a María Isabel y Roberto se les notifica una nueva fecha de desahucio fijada para el 22 de septiembre de 2020.

Ese día a las 10:00 de la mañana se presenta la comitiva judicial en la dirección incorrecta, siendo el propio Roberto el que les informa de que es su casa a la que se refiere la orden judicial y no la de la vecina, a donde se dirigían. Le informan de que coja lo imprescindible y desenchufan la máquina de María Isabel, dejándola sin asistencia respiratoria durante el tiempo que dura el desahucio.

Sin alternativa habitacional y con una persona afectada por una enfermedad respiratoria de carácter crónico que constituye un grupo de alto riesgo frente al coronavirus, se dirigen al albergue municipal. Allí les informan de que el albergue cierra de 12:30 a 16:30, por lo que tienen que esperan durante 6 horas, tiempo durante el cual María Isabel depende de un respirador asistido con una autonomía de solo 2 horas. Tras la espera, las trabajadoras del albergue, viendo la situación de extrema vulnerabilidad a causa de la patología de María Isabel, deciden que el albergue no es un espacio viable para la familia y resuelven que se les dé alojamiento en una pensión hasta el lunes 28 de septiembre; pasado mañana.

Al no poder recoger sus pertenencias el día del desahucio, un mando de la policía municipal les asegura que el viernes 25 de septiembre tendrán 2 horas para recogerlas y que ésto quedará reflejado en el informe, del cual no se les da copia. Cuando ese día Roberto y su hijo Óscar van, les espera a la puerta de su antiguo hogar un dispositivo de la policía municipal que, contraviniendo lo dispuesto por su propio mando el día del desahucio, no les deja más de cinco minutos para recoger todas las pertenencias acumuladas durante 7 años.

Ante esta situación, la Oficina Popular de Vivienda nos personamos en apoyo a la familia con la intención de que pudieran recuperar todos sus efectos personales. Un desproporcionado dispositivo policial hace caso omiso tanto a las peticiones de Roberto como a las realizadas desde la Oficina. Como resultado, la gran mayoría de sus cosas se quedaron en el piso.

Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid nos posicionamos frontalmente en contra del desahucio, más aún teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad económica y de riesgo sanitario en la que se encuentra la familia.

Nos parece evidente que una vez más el derecho a una vivienda digna se ha visto sometido al beneficio económico de los propietarios, dado se ha utilizado un impago de dos meses para justificar un desahucio que tenía como objetivo permitir la puesta a la venta del piso, como se recoge en las declaraciones incluidas en el auto judicial.

La vivienda es una necesidad básica que no esta siendo satisfecha, lo que nos obliga a organizarnos para poder suplir a una administración pública fallida que rehuye sus obligaciones para con las personas más precarias, centrándose en mantener los privilegios de las élites, mientras se financia a base de los impuestos que recaen mayoritariamente sobre la clase trabajadora.

En Valladolid quienes tienen las competencias para intervenir en este tipo de situaciones son el Ayuntamiento y los servicios sociales. Pero cabe recordar que pese al mal funcionamiento de los servicios sociales no debemos culpar a sus trabajadoras, sino a la clamorosa falta de recursos con la que se ven obligadas a trabajar a causa de las políticas públicas de las instituciones.

El equipo de gobierno de Óscar Puente obtiene rédito político de mantener un discurso sensible con la precariedad, pero que no se materializa en políticas públicas que atajen estas situaciones, más allá de un albergue 24 horas que no acaba de terminarse, impasible y ajeno al hecho de que la rueda del capitalismo sigue girando por encima de familias como la de Roberto y María Isabel, sin detenerse siquiera ante las consecuencias de una pandemia.

No encontramos mejores palabras que las del propio Roberto para definir la situación actual de la vivienda : “Luego dicen que en un año no has encontrado casa, pues no he encontrado. Casas hay miles pero yo no puedo pagarlas”

Desde la Oficina Popular de Vivienda exigimos al ayuntamiento de Óscar Puente una alternativa habitacional válida y estable para María Isabel, Roberto y Óscar.

La especulación y no la ocupación es lo que destruye los barrios

La prensa regional y estatal está recogiendo estas últimas semanas los pronunciamientos de algunos vecinos de Santovenia de Pisuerga y del barrio de Parquesol en Valladolid que dicen estar preocupados por algunas viviendas vacías que han sido ocupadas por nuevos vecinos repitiendo algunos discursos, que si bien son muy televisivos, tienen poco que ver con la realidad material de las personas que ocupan y sus vecindarios. A pesar de que estos discursos son repetidos de forma incansable por los medios hasta que calan socialmente, la principal preocupación que expresan los vecinos es el desconocimiento de lo que sucede en esas casas y de las situaciones sociales que estos nuevos vecinos puedan producir. Nosotras, que estamos en contacto con la problemática habitual de vivienda de la clase trabajadora vamos a intentar aportar un poco de luz a este asunto.

Una de las ideas más repetidas es que la ocupación de viviendas conlleva un aumento de la inseguridad en los barrios. Esta afirmación se sostiene únicamente sobre la incertidumbre y la distancia con la situación vital de las familias que ocupan y no con un aumento de robos o actividades que perjudiquen al resto de los vecinos. En esta línea se suele continuamente recurrir a que los espacios ocupados son lugares en los que se trapichea y se consume droga. Esta relación es también una falacia con la que se pretende obviar la realidad de que la gente que ocupa lo hace porque necesita un techo bajo el que vivir. Tanto es así que hay espacios ocupados colectivos en los que no se permite el consumo de drogas, tampoco de drogas legales como alcohol o tabaco, a diferencia de lo que sucede en los lugares colectivos que normalmente se entienden como “cívicos” como terrazas o centros municipales donde se vende y consume alcohol y se soportan las consecuencias de forma totalmente normalizada. Relacionar drogas y ocupación es una acción interesada para criminalizar a las personas que ocupan oponiéndolas al civismo de la propiedad privada; esto se ve muy claro en esta noticia de El Norte de Castilla, donde unas personas que consumen drogas en un chalet abandonado de Parquesol hace solo unos meses. La diferencia es que en ese caso se trata de un propietario (que además es promotor inmobiliario) que no cumple sus obligaciones legales desde hace décadas, pero como las leyes que no se cumplen son las que limitan la propiedad y no las que limitan al inquilino, pues es un problemilla administrativo, pero no una grave afrenta al civismo y a la vida del barrio a pesar de mostrar las consecuencias que se pretenden ver en las viviendas ocupadas.

Uno de los elementos importantes en este asunto es el continuo señalamiento a las personas racializadas que ocupan una vivienda, apelando al incivismo de su cultura. Esto tiene mucho que ver con el trabajo tan constante que hacen los ricos para enfrentar al último con el penúltimo, con meterle miedo al trabajador que nació aquí con que va a venir otra persona de fuera a quitarle su trabajo y a ocuparle su casa. Cuando lo realmente importante es porqué ambos tienen un sueldo que es una miseria y tienen problemas reales para simplemente tener una vivienda mientras hay unos cuantos patrones que no saben dónde meter tanto dinero y qué hacer con tantas viviendas vacías. A todo esto hay que sumar una situación que vemos habitualmente en la ofi de vivienda que es que a las personas racializadas no les alquilan una vivienda, aunque tengan papeles, un contrato indefinido y un sueldo muy superior a la renta que se exige. ¿Qué deberían hacer si nadie les alquila una vivienda?¿Vivir debajo de un puente? (por cierto esto también está prohibido)

Estamos de acuerdo y no evadimos la cuestión de que la conviviencia es un asunto espinoso y tremendamente complicado, pero lo es en todos los ámbitos de la vida y lo es en los en barrios en los que hay gente de alquiler, en los que todas los personas que viven son propietarias y en los que hay gente que ocupa. De hecho los juzgados están hasta arriba de juicios en los que se tratan conflictos en comunidades de propietarios como quiero poner un toldo y no me dejan o me huele la habitación a fritanga cuando cocina el de enfrente. La convivencia es algo que se construye de forma cotidiana y que no viene dado por la forma administrativa en la que se habita una vivienda, de la misma manera que se construyó en barrios que ahora parecen muy cohesionados socialmente, pero que en los años 50,60,70 estaban llenos de personas que migraban desde el campo y donde los choques culturales eran seguramente mayores entonces entre el campo y la ciudad que los que puede haber hoy en día entre una persona que ha nacido aquí y una que viene de Marruecos.

Una de las cuestiones principales de este asunto es que las viviendas de las que estamos hablando son propiedad de la SAREB (en este artículo se explica qué es la SAREB y cómo se ha constituido). Es decir estas viviendas eran propiedad de un banco y fueron compradas con dinero público a precio sobrevalorado para rescatar al banco en cuestión. En este ejercicio el estado se gastó 60.000 millones de euros que no espera recuperar, porque a los bancos no se los aprieta como a un inquilino que debe un mes de alquiler y sobre el que cae toda la fuerza de la ley. En estas viviendas no vivía nadie cuando fueron ocupadas ni su ocupación perjudica materialmente a ningún pequeño propietario. Los medios difunden la idea de que la propiedad privada es una institución que funciona igual para una persona que vive en un piso con una hipoteca que a penas alcanza a pagar con su sueldo precario que para un banco que tiene decenas de miles de viviendas con las que especula de forma inhumana. Los grandes propietarios continuamente extienden la idea de que si bajas a por el pan y te despistas 5 minutos te pueden ocupar la casa. Esto sencillamente no ocurre. Las viviendas ocupadas son viviendas que estaban abandonadas y en un porcentaje altísimo propiedad de bancos o fondos de inversión para los que un vivienda solo es una mercancía con la que enriquecerse.

La pregunta pertinente en esta situación es ¿Porqué esta gente está ocupando esas viviendas? No parece muy difícil darse cuenta de que ocupar es exponerse sobremanera a ser violentado por multitud de elementos tanto policiales y legales como sociales. La realidad es que el disfrute de una vivienda digna es un derecho recogido en la constitución española (art. 47) que no funciona de forma efectiva. Es decir la vivienda no es un derecho inherente a la ciudadanía como es la libertad de circulación, el matrimonio o el voto. La satisfacción de este derecho se confía a un mercado inmobiliario y del alquiler cuya función no es que todo el mundo tenga una vivienda digna, sino que unos pocos propietarios y promotores se enriquezcan a costa de las necesidades de las demás. En Valladolid hay viviendas de sobra para todas las personas que vivimos aquí, el problema es que muchas de ellas están vacías porque prima el valor de cambio de estas viviendas sobre su valor de uso y los bancos prefieren tenerlas vacías a que sean habitadas por las personas que lo necesitan y no pueden pagar nada a cambio (por cierto incumpliendo el artículo 33 de la constitución sonde se limita la propiedad privada por la función social).

En definitiva, la ocupación no es en sí misma una forma de habitar las viviendas que ataque a las redes de barrio y a sus habitantes, como sí hace por ejemplo la especulación y las subidas desmedidas de los precios de alquiler por parte de los fondos de alquiler que controlan el mercado, o que provoque problemas de inseguridad o salud pública como hacen otras dinámicas. Lo que realmente pone en peligro las redes de barrio y su cotidiano es que un propietario o un promotor decida que se va a enriquecer con la vivienda y que ese barrio constituye una oportunidad para poner en marcha su maquinaria económica de generación de beneficios que no tiene problema en cerrar pequeños comercios o expulsar a vecinas de toda la vida para ganar un poco más.

La modificación de la ley de urbanismo de Castilla y León posibilita el alquiler y venta de viviendas que no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad

Tras reunirse con la patronal de la construcción de Castilla y León, el consejero de fomento y medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que su consejería estaba estudiando la modificación de la ley de urbanismo para eliminar procedimientos administrativos y así eliminar restricciones a la promoción inmobiliaria.

El viernes 19 de junio de 2019 se ha publicado en el BOCYL un decreto-ley (http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/19/html/BOCYL-D-19062020-2.do) que pretende que para que las empresas se vuelvan a poner en funcionamiento, o más bien se recuperen tras el parón del COVID-19, se lleve a cabo una desregulación de diversos mercados. Este decreto “de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León” afecta a cuestiones diferentes como la protección ambiental, la producción eléctrica o el urbanismo. Esta última es la que más nos afecta como colectivo de vivienda, aunque no dejamos de mostrar nuestra preocupación por las medidas adoptadas en otros ámbitos y la solidaridad con las personas que se vean afectadas.

La modificación de la ley de urbanismo se lleva a cabo en sintonía con las modificaciones ya ejecutadas de la legislación en materia de urbanismo en Madrid, Murcia y Andalucía, donde la desregulación en lo tocante a la urbanización del territorio ha sido especialmente severa y cuyas consecuencias pueden ser especialmente perniciosas en la línea de la destrucción salvaje del territorio que se produjo en el periodo pre-crisis 2008 posibilitada por la ley de suelo del gobierno Aznar de 1999.

El principal contenido de esta desregulación es el cambio en el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación de una vivienda, que pasaría de ser una licencia propiamente dicha, con sus controles e inspecciones por parte del ayuntamiento correspondiente a una declaración responsable en la que el promotor afirma estar en situación de obtener dicha licencia. Esto se materializa legalmente dentro del citado decreto en la modificación del artículo 97 y 105 bis de la ley de urbanismo de Castilla y León. Este cambio, que se presenta por parte de la patronal y la Junta como una simplificación burocrática supone un cambio cualitativo en las condiciones de vivienda y no solo una agilización de trámites como pretenden.

El decreto en el que esto se enmarca está destinado a posibilitar legalmente que las empresas de determinados sectores productivos aumenten sus beneficios, por tanto nos hacemos la pregunta: ¿Cómo contribuye esta medida a que las promotoras y constructoras de vivienda aumenten sus beneficios? La respuesta que encontramos es que estos beneficios se van a aumentar a costa de la calidad y habitabilidad de las viviendas, porque la cédula de habitabilidad se va a obtener simplemente declarando que estás en las condidiones de obtenerla. Teniendo en cuenta que la manera de proyectar edificios de viviendas es buscando extraer la mayor rentabilidad posible al dinero invertido en su construcción, podemos adelantar que esto posibilita que los promotores decidan construir un mayor número de viviendas que las previstas en proyecto para aumentar sus beneficios, aunque estas viviendas no cumplan unas mínimas dimensiones o cualidades y encontremos situaciones como que haya habitaciones sin ventanas, que haya pasos menores de 60 cm, que los techos sean demasiado bajos, o que reduzcan sus calidades hasta hacerlas insalubres o inhabitables. El que se convierta esta licencia en una declaración responsable no desregula completamente esta cuestión, pero en la práctica supone convertir la cuestión de la dignidad de la vivienda en un política de hechos consumados en la que se juzga un inmueble que ya está construido y en el que ya vive gente, lo que dificulta la reversión de las cualidades perniciosas.

La licencia de primera ocupación no es un trámite burocrático para que la administración controle a las promotoras, sino para proteger al usuario de los intereses de estas, por lo que esta modificación legislativa afecta y desampara a los habitantes de las viviendas (sean propietarios o inquilinos) permitiendo que las condiciones dignas de vivienda de estos se subordinen a las necesidades del capital.

Este miércoles este decreto de la junta ha de ser ratificado en las cortes de Castilla y León, por lo que instamos a los grupos parlamentarios a desestimar esta medida que puede ser tan perniciosa para las condiciones de vivienda. Asimismo recordamos que este decreto incluye otras medidas perjudiciales como la eliminación de la licencia ambiental, lo que permite que las fábricas y ganaderías se instalen con lo que esto conlleva en términos de calidad de vida para la vecindad sin nigún tipo de diálogo social, según denuncia ecologistas en acción (https://www.ecologistasenaccion.org/146703/con-la-excusa-de-la-covid-la-junta-suprime-la-licencia-ambiental-en-castilla-y-leon/).

 

Regularización YA

Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid nos sumanos a la campaña Regularización Ya promovida por diversos colectivos antirracistas de todo el Estado, que tiene como finalidad la regularización de todas las personas en el Estado Español.

Ya añadíamos en un post reciente que las medidas actuales del Gobierno dejan en una situación de desprotección total a todas las personas que no tienen papeles, ya que no se pueden acoger a ellas. Para las personas en situación irregular, además, la violencia institucional se une a la violencia de los caseros, que en muchas ocasiones amenazan a les inquilines sin papeles ni contrato con llamar a la policía, con el riesgo de detención que esto supone para estas personas. Así, muchas se están viendo en la calle, sin trabajo ni dinero, y con escasas posibilidades de encontrar una alternativa habitacional en estos tiempos de pandemia.

Por eso nos sumamos a las reivindicaciones de la campaña #RegularizaciónYA que exige:

  1. Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.
  1. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.
  1. Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar  procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes.
  1. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.
  1. Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.
  1. Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.
  1. Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.

Alquiler para unes, deudas para otres, miseria para el resto

Las medidas del Gobierno aprobadas el 31 de marzo en el RDL 11/2020 nos plantean un panorama terriblemente preocupante a todas las personas que pagamos alquiler en el Estado Español.

Antes de la aprobación de este Real Decreto Ley, viendo que el Gobierno no había adoptado aún medidas para solucionar los problemas que se estaban empezando a dar en relación a los pagos de alquileres, el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria convocó una Huelga de Alquileres General e Indefinida para el 1 de abril de 2020, a la que se han ido sumando otros sindicatos y colectivos de vivienda, incluyendo a la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid y que ha traspasado las fronteras del Estado convirtíendose en una huelga internacional.

En dicha convocatoria se anima a toda la población inquilina y a todos los colectivos de vivienda a unirse a la huelga, recordando que, como siempre, los colectivos más vulnerables (arrendataries, migrantes, personas sin hogar, trabajadores doméstiques, precaries) han sido deliberadamente ignorados de las medidas.

Hoy, a 5 de abril de 2020, tras la aprobación del Real Decreto 11/2020 la situación es parecida o peor. El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas relativas al pago del alquiler, pensadas, según dicen, para apoyar a los colectivos más vulnerables, y que en resumidas cuentas proponen un endeudamiento de la población más precaria (la que tiene papeles, contrato de trabajo y alquiler, claro) y una dependencia total y absoluta de unos servicios sociales que ya estaban saturados en el escenario pre-pandemia. Pero veamos a qué se refieren exactamente estas medidas.

En primer lugar, el Gobierno hace una definición de colectivos vulnerables, según la cual hay que cumplir dos requisitos (recogidos en el artículo 5):

  1. Que a consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19, la persona que paga el alquiler se encuentre en situación de desempleo, se le haya aplicado un ERTE o reducción de jornada por cuidados de personas dependientes, o que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos. En el artículo se especifica la renta máxima que no puede superar ninguna unidad familiar para que se pueda acoger a las medidas del Gobierno, dependiendo de si tiene hijes a su cargo u otras personas dependientes, varía entre los 1613,52€ y los 2151,36€.
  2. Que los gastos de alquiler, sumados a los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, telecomunicación fija y móvil (internet, teléfono y móvil) y comunidad de propietarios, sean superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Consideramos que esta definición de colectivos vulnerables es escasa y muy limitada, ya que deja fuera de las medidas a toda aquella persona que ya estuviera en paro antes de la pandemia, que no tenga contrato de trabajo (recordemos que las trabajadoras del hogar y cuidadoras, normalmente migrantes, representan un amplio porcentaje de este colectivo) o que su trabajo no esté considerado como tal (como es el caso de las trabajadoras sexuales), que no tenga contrato de alquiler o que esté en “situación irregular” en el Estado.

Por otra parte, el Gobierno hace una distinción entre pequeños propietarios y grandes tenedores, ya que considera que no es lo mismo no pagarle el alquiler a uno que a otro. Veamos estas definiciones:

  • Como gran tenedor o propietario se considera a toda aquella persona física o jurídica (empresa) que tenga más de diez inmuebles excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1500m2.
  • Como pequeño propietario, por tanto, se considera a todo aquel que no cumpla los requisitos anteriores.

Estas definiciones son, nuevamente, para echarse las manos a la cabeza, sobretodo teniendo en cuenta que el propio RD hace énfasis en que «la vulnerabilidad del arrendatario» no se traslade a «los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales». En ningún caso se puede considerar que una persona que tiene dos, tres, cinco o hasta diez inmuebles, excluyendo garajes y trasteros (que recordemos en algunas partes de la ciudad alcanzan el mismo precio que las viviendas), pueda verse en una situación de vulnerabilidad si no reciben los pagos de las rentas. Si no reciben ingresos para mantener su nivel de vida es por estar viviendo de la especulación, no porque se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Las medidas que ha aprobado el Gobierno en materia de alquileres incluyen:

  1. Que en el caso de los grandes tenedores, empresas o entidades pública de vivienda, se establezca una moratoria de los pagos total o parcial (de hasta el 50%). Es decir, que el alquiler se tenga que pagar igualmente, pero en los meses posteriores a la finalización del Estado de Alarma (creando una deuda a les arrendataries).
  2. Que en el caso de los pequeños propietarios, se pueda solicitar un aplazamiento temporal o condonación parcial y total del alquiler (para lo cual el propietario tiene que estar de acuerdo), o que les arrentataries se acojan a alguna de las ayudas que ofrece el Gobierno.
  3. Las ayudas que ofrece el Gobierno son, o bien la concesión de microcréditos bancarios para pagar el alquiler durante un máximo de 6 meses, sin intereses ni gastos, lo cual genera una deuda a las personas que lo soliciten; o bien una serie de ayudas de hasta 900€/mes y de hasta el 100% del alquiler o el crédito que se haya pedido para pagarlos, con lo que les arrendataries pasan a depender de los servicios sociales, ya de por sí colapsados.
  4. En materia de desahucios, se suspenden (siempre y cuando no hubiera fecha ya) los desahucios sin alternativa habitacional durante un plazo máximo de 6 meses, de modo que los servicios sociales puedan atender todos los casos. Es decir, que se pospongan hasta 6 meses desde que se levante el Estado de Alarma para que les dé tiempo a los servicios sociales de organizarse, porque se entiende que va a haber muchos desahucios y todos de golpe sería difícil de llevar para los servicios sociales.
  5. Se establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, si el contrato finaliza entre el 31 de marzo y 2 meses después del fin del Estado de Alarma, por un máximo de 6 meses.
  6. Establecimiento de un programa de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, nuevamente, pasando por los servicios sociales.

Huelga de alquileres. Inquilines, guardad vuestra renta. Propietarios, guardad las distancias.

Todas estas medidas nos parecen a todas luces insuficientes, ya que, como hemos dicho, no acogen a las personas realmente más vulnerables, y a las que acogen, lo hacen para generarles una deuda o una dependencia de los servicios sociales. Es por ello que consideramos que la organización horizontal y desde abajo de todas las personas que nos encontramos con que no vamos a poder pagar el alquiler estos meses, con medidas o sin ellas, así como todas aquellas que se quieran unir a la huelga en solidaridad, es de vital importancia para demostrar nuestra fuerza y presionar a aquellos que más tienen. No queremos moratorias ni deudas, queremos la suspensión total de los pagos de alquileres.

No podemos obviar que la convocatoria de la huelga nace desde el privilegio de todas las personas que tenemos una situación regular en el Estado y, como mínimo, un contrato de alquiler. Es por ello que consideramos necesario incluir entre nuestras reivindicaciones, aquellas provenientes de los colectivos excluidos por las medidas.

Así, reivindicamos:

  1. Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
  2. Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de las miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.
  3. Regularización inmediata de todas las personas en situación irregular en el Estado.
  4. Derogación de la Ley de Extranjería.
  5. Cierre definitivo de los CIEs.
  6. Cese de TODAS las deportaciones y de las redadas e identificaciones racistas.

Si quieres saber cómo unirte a la huelga, visita este post.

¡Vecina, organízate!

Huelga de alquileres – 1 de abril de 2020

Huelga por la suspensión de alquileres por la crisis del COVID-19

¿Porque vamos a la huelga?
Somos muchas las personas que, a raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-9 hemos visto reducidos nuestros ingresos o incluso nos hemos quedado sin ellos y no vamos a poder pagar el alquiler de nuestra casa o de nuestro local comercial.

El gobierno ha respondido de forma ineficaz a esta situación, proponiendo moratorias (aplazamientos, que no suspensiones), microcréditos (que sabemos que terminarán suponiendo un endeudamiento de la población más precaria), y otras medidas que no servirán para paliar las dramáticas situaciones que estamos empezando ya a vivir.

Es momento de dar un paso más y no dejar que el problema recaiga de forma individual sobre cada une de nosotres. Pueden ignorar un impago, pero no miles. Creemos sinceramente que sólo si lo hacemos de forma coordinada, con una demanda conjunta y un plan de actuación, podemos conseguir que el gobierno suspenda los alquileres. Esto sólo tiene un nombre: huelga de alquileres.

Nos sumamos a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que en la convocatoria de la huelga declaran:

Nuestras exigencias básicas son claras:

Suspensión inmediata del pago de la renta, especialmente para arrendatarios en situación de vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirentistas o personas jurídicas (la minoría que no cumpla estos requisitos que reclame una Renta Básica Universal). Mientras no se adopte esta medida, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.

Que las viviendas abandonadas en manos de fondos, entidades financieras y bancarias (sobre todo las que han sido rescatadas con dinero público) sean socializadas y puestas a disposición de las miles de personas y familias que hoy carecen de hogar.

¿Quién está llamado a participar de esta huelga?
Toda persona que haya visto reducidos sus ingresos a causa de la crisis del Covid19 y que su propietario no haya aceptado suspenderle el pago del mes de abril, así como toda la comunidad inquilina en solidaridad con las primeras.

¿Cómo sumarse a la huelga? Pasos a seguir para secundar la huelga

Si no puedes (o en solidaridad no quieres) pagar el alquiler de este mes y sumarte a la huelga, te indicamos los pasos que tienes que seguir para poder hacerlo.

1º Escríbenos un correo a oficinadevivienda (arroba) riseup.net explicándonos tu situación para que podamos hacer un seguimiento de tu caso.

Habla con tu casere para explicarle que no puedes pagar el alquiler este mes, alegando los motivos que creas oportunos. El objetivo de esta primera notificación es tratar de negociar de forma amistosa.

3º Entra en la página web https://suspensionalquileres.org/ y sigue los pasos que te indican en la guía.

  1. Rellena el formulario. Es muy importante que lo completes para poder contactarnos y que os podamos continuar mandando información de los próximos pasos.

  2. Descarga el modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad, rellenándolo con tus datos.  Lo encontrarás listo para descarga al final del formulario. Mándalo a través de correo electrónico a tu propietario y administrador de fincas.

  3. Descarga el modelo de notificación de huelga para enviar al ministerio de vivienda (portal.vivienda@fomento.es) poniendo en copia al siguiente correo: impagoalquiler@gmail.com. También lo puedes encontrar al final del formulario.

Difunde la iniciativa entre tus vecines, amigues y familiares para que se sumen y hagan aportaciones a la caja de resistencia.

¿Cuáles son los riesgos legales de hacer huelga de alquileres?
Hacer huelga de alquileres no es ilegal, pero tampoco está reconocida como derecho en nuestra legislación. Por lo tanto su éxito dependerá de la fuerza que tengamos y de cuántas personas seamos.

Mientras siga vigente el Estado de Alarma, nuestro casero no nos pueden denunciar por impago, pero una vez esta situación se acabe, si el gobierno no toma medidas, sí que lo podrían hacer. Desde el punto de vista jurídico no pagar y pagar menos de lo acordado en contrato son la misma situación.

La denuncia por impago del alquiler es una denuncia civil y no deja antecedentes legales. Si el juicio se pierde se han de asumir las costas económicas y unos meses después habrá una orden de desahucio. Hasta que esta orden no llegue, nadie nos puede echar de nuestras casas: el domicilio es inviolable y nadie puede entrar sin tu consentimiento.

¿Cuáles son nuestros compromisos como Oficina Popular de Vivienda de Valladolid?

  • Coordinarnos con otros colectivos estatales y sindicatos de inquilines para hacer fuerza y presionar al gobierno.
  • Facilitar toda la información necesaria de tipo administrativo y legal a toda aquella persona que se quiera sumar a la huelga.
  • Hacer un seguimiento de casos durante y después del confinamiento. Para ello ofrecemos asesoramiento legal, acompañamiento psicológico, negociación y mediación con la propiedad. En caso de deshaucio, le haremos frente en cualquiera de sus fases.

¡Nace la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid!

Nos complace mucho anunciar el nacimiento de la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid, un colectivo centrado en la lucha por unas condiciones de vivienda digna, la reivindicación de nuestros derechos habitacionales y toda la problemática que se desarrolla alrededor de las condiciones de habitación.

¿Quiénes somos?

La Oficina Popular de Vivienda de Valladolid está formada por un grupo de personas del CSA La Ortiga (c/ Vizcaya, 1) que llevamos trabajando unos meses con el objetivo de impulsar la lucha por unas condiciones de vivienda digna.

La oficina se define como horizontal, asamblearia, autónoma y autogestionaria, en solidaridad con otras opresiones: antiespecismo, anticapitalismo, ecologismo, transfeminismo, antifascismo, antirracismo, anticapacitismo, y de defensa de los valores de la libertad, la diversidad y la lucha contra toda opresión y autoridad, comprometiéndose a integrarlas en sus prácticas.

Tiene como objetivo garantizar unas condiciones de vivienda digna para todas las personas. Entendemos que el hogar es un derecho fundamental, por lo que luchamos contra los desahucios, los alquileres abusivos, los cortes de suministro y la especulación, buscando soluciones colectivas y apostando por la solidaridad y el apoyo mutuo.

¿A quién va dirigido?

Esta oficina nace para reivindicar nuestros derechos habitacionales, sin importar nuestra situación legal (inquilines, hipotecades, precaristas, etc.).

¿Por qué ahora?

Pensamos que la actual situación derivada de la crisis sanitaria que está teniendo lugar en todo el Estado Español va a afectar de forma específica a las condiciones de vivienda, por lo que hemos decidido comenzar ahora nuestra actividad pública.

¿Qué medidas vamos a adoptar para afrontar esta situación?

Vamos a hacer frente a la situación, buscando soluciones colectivas para intentar abordar las necesidades y problemáticas actuales, apostando por la solidaridad y el apoyo mutuo.

Por ello hemos decidido sumarnos a la convocatoria de huelga estatal de alquileres del 1 de abril convocada por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y secundada por gran número de sindicatos y colectivos de vivienda de todo el Estado.

Para más información:

Convocatoria de la Huelga de Alquileres: https://sindicatodeinquilinasgc.noblogs.org/2020/03/23/convocatoria-de-huelga-de-alquileres-1-de-abril/Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Web con información y formularios sobre cómo secundar la huelga: https://suspensionalquileres.org