El pasado martes 22 de septiembre María Isabel, con una discapacidad acreditada del 66%, es desahuciada junto a su marido, Roberto, y su hijo, Óscar, del piso en el que llevaban viviendo 7 años. La policía ejecuta el desahucio a pesar de que existe una vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y no se les ofrece ninguna alternativa habitacional.

En otoño de 2019, tras 7 años en la vivienda, los propietarios comienzan un proceso judicial con motivo del impago de 2 meses debido al retraso en la concesión de una ayuda por discapacidad. A pesar de las propuestas de Roberto y María Isabel para pagar los 2 meses de alquiler que debían, los propietarios se niegan a negociar remitiéndolos a su abogado, con quien no pudieron contactar.

La siguiente noticia que recibe la familia es el fallo de un juicio al que les fue imposible presentarse porque las notificaciones judiciales estaban llegando a una dirección incorrecta. El fallo decreta el desahucio, a pesar de la precariedad económica de la familia, la discapacidad de María Isabel y la presencia de un menor a su cargo.

La primera fecha de lanzamiento del desahucio es el día 26 de marzo de 2020, que se suspende temporalmente a causa de la situación provocada por la pandemia del Covid-19. A pesar de las reiteradas declaraciones públicas por parte del gobierno progresista del estado español, en las que mostraron su preocupación y compromiso con los sectores más vulnerables de la población, el día después de la finalización del estado de alarma, a María Isabel y Roberto se les notifica una nueva fecha de desahucio fijada para el 22 de septiembre de 2020.

Ese día a las 10:00 de la mañana se presenta la comitiva judicial en la dirección incorrecta, siendo el propio Roberto el que les informa de que es su casa a la que se refiere la orden judicial y no la de la vecina, a donde se dirigían. Le informan de que coja lo imprescindible y desenchufan la máquina de María Isabel, dejándola sin asistencia respiratoria durante el tiempo que dura el desahucio.

Sin alternativa habitacional y con una persona afectada por una enfermedad respiratoria de carácter crónico que constituye un grupo de alto riesgo frente al coronavirus, se dirigen al albergue municipal. Allí les informan de que el albergue cierra de 12:30 a 16:30, por lo que tienen que esperan durante 6 horas, tiempo durante el cual María Isabel depende de un respirador asistido con una autonomía de solo 2 horas. Tras la espera, las trabajadoras del albergue, viendo la situación de extrema vulnerabilidad a causa de la patología de María Isabel, deciden que el albergue no es un espacio viable para la familia y resuelven que se les dé alojamiento en una pensión hasta el lunes 28 de septiembre; pasado mañana.

Al no poder recoger sus pertenencias el día del desahucio, un mando de la policía municipal les asegura que el viernes 25 de septiembre tendrán 2 horas para recogerlas y que ésto quedará reflejado en el informe, del cual no se les da copia. Cuando ese día Roberto y su hijo Óscar van, les espera a la puerta de su antiguo hogar un dispositivo de la policía municipal que, contraviniendo lo dispuesto por su propio mando el día del desahucio, no les deja más de cinco minutos para recoger todas las pertenencias acumuladas durante 7 años.

Ante esta situación, la Oficina Popular de Vivienda nos personamos en apoyo a la familia con la intención de que pudieran recuperar todos sus efectos personales. Un desproporcionado dispositivo policial hace caso omiso tanto a las peticiones de Roberto como a las realizadas desde la Oficina. Como resultado, la gran mayoría de sus cosas se quedaron en el piso.

Desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid nos posicionamos frontalmente en contra del desahucio, más aún teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad económica y de riesgo sanitario en la que se encuentra la familia.

Nos parece evidente que una vez más el derecho a una vivienda digna se ha visto sometido al beneficio económico de los propietarios, dado se ha utilizado un impago de dos meses para justificar un desahucio que tenía como objetivo permitir la puesta a la venta del piso, como se recoge en las declaraciones incluidas en el auto judicial.

La vivienda es una necesidad básica que no esta siendo satisfecha, lo que nos obliga a organizarnos para poder suplir a una administración pública fallida que rehuye sus obligaciones para con las personas más precarias, centrándose en mantener los privilegios de las élites, mientras se financia a base de los impuestos que recaen mayoritariamente sobre la clase trabajadora.

En Valladolid quienes tienen las competencias para intervenir en este tipo de situaciones son el Ayuntamiento y los servicios sociales. Pero cabe recordar que pese al mal funcionamiento de los servicios sociales no debemos culpar a sus trabajadoras, sino a la clamorosa falta de recursos con la que se ven obligadas a trabajar a causa de las políticas públicas de las instituciones.

El equipo de gobierno de Óscar Puente obtiene rédito político de mantener un discurso sensible con la precariedad, pero que no se materializa en políticas públicas que atajen estas situaciones, más allá de un albergue 24 horas que no acaba de terminarse, impasible y ajeno al hecho de que la rueda del capitalismo sigue girando por encima de familias como la de Roberto y María Isabel, sin detenerse siquiera ante las consecuencias de una pandemia.

No encontramos mejores palabras que las del propio Roberto para definir la situación actual de la vivienda : “Luego dicen que en un año no has encontrado casa, pues no he encontrado. Casas hay miles pero yo no puedo pagarlas”

Desde la Oficina Popular de Vivienda exigimos al ayuntamiento de Óscar Puente una alternativa habitacional válida y estable para María Isabel, Roberto y Óscar.