La prensa regional y estatal está recogiendo estas últimas semanas los pronunciamientos de algunos vecinos de Santovenia de Pisuerga y del barrio de Parquesol en Valladolid que dicen estar preocupados por algunas viviendas vacías que han sido ocupadas por nuevos vecinos repitiendo algunos discursos, que si bien son muy televisivos, tienen poco que ver con la realidad material de las personas que ocupan y sus vecindarios. A pesar de que estos discursos son repetidos de forma incansable por los medios hasta que calan socialmente, la principal preocupación que expresan los vecinos es el desconocimiento de lo que sucede en esas casas y de las situaciones sociales que estos nuevos vecinos puedan producir. Nosotras, que estamos en contacto con la problemática habitual de vivienda de la clase trabajadora vamos a intentar aportar un poco de luz a este asunto.

Una de las ideas más repetidas es que la ocupación de viviendas conlleva un aumento de la inseguridad en los barrios. Esta afirmación se sostiene únicamente sobre la incertidumbre y la distancia con la situación vital de las familias que ocupan y no con un aumento de robos o actividades que perjudiquen al resto de los vecinos. En esta línea se suele continuamente recurrir a que los espacios ocupados son lugares en los que se trapichea y se consume droga. Esta relación es también una falacia con la que se pretende obviar la realidad de que la gente que ocupa lo hace porque necesita un techo bajo el que vivir. Tanto es así que hay espacios ocupados colectivos en los que no se permite el consumo de drogas, tampoco de drogas legales como alcohol o tabaco, a diferencia de lo que sucede en los lugares colectivos que normalmente se entienden como “cívicos” como terrazas o centros municipales donde se vende y consume alcohol y se soportan las consecuencias de forma totalmente normalizada. Relacionar drogas y ocupación es una acción interesada para criminalizar a las personas que ocupan oponiéndolas al civismo de la propiedad privada; esto se ve muy claro en esta noticia de El Norte de Castilla, donde unas personas que consumen drogas en un chalet abandonado de Parquesol hace solo unos meses. La diferencia es que en ese caso se trata de un propietario (que además es promotor inmobiliario) que no cumple sus obligaciones legales desde hace décadas, pero como las leyes que no se cumplen son las que limitan la propiedad y no las que limitan al inquilino, pues es un problemilla administrativo, pero no una grave afrenta al civismo y a la vida del barrio a pesar de mostrar las consecuencias que se pretenden ver en las viviendas ocupadas.

Uno de los elementos importantes en este asunto es el continuo señalamiento a las personas racializadas que ocupan una vivienda, apelando al incivismo de su cultura. Esto tiene mucho que ver con el trabajo tan constante que hacen los ricos para enfrentar al último con el penúltimo, con meterle miedo al trabajador que nació aquí con que va a venir otra persona de fuera a quitarle su trabajo y a ocuparle su casa. Cuando lo realmente importante es porqué ambos tienen un sueldo que es una miseria y tienen problemas reales para simplemente tener una vivienda mientras hay unos cuantos patrones que no saben dónde meter tanto dinero y qué hacer con tantas viviendas vacías. A todo esto hay que sumar una situación que vemos habitualmente en la ofi de vivienda que es que a las personas racializadas no les alquilan una vivienda, aunque tengan papeles, un contrato indefinido y un sueldo muy superior a la renta que se exige. ¿Qué deberían hacer si nadie les alquila una vivienda?¿Vivir debajo de un puente? (por cierto esto también está prohibido)

Estamos de acuerdo y no evadimos la cuestión de que la conviviencia es un asunto espinoso y tremendamente complicado, pero lo es en todos los ámbitos de la vida y lo es en los en barrios en los que hay gente de alquiler, en los que todas los personas que viven son propietarias y en los que hay gente que ocupa. De hecho los juzgados están hasta arriba de juicios en los que se tratan conflictos en comunidades de propietarios como quiero poner un toldo y no me dejan o me huele la habitación a fritanga cuando cocina el de enfrente. La convivencia es algo que se construye de forma cotidiana y que no viene dado por la forma administrativa en la que se habita una vivienda, de la misma manera que se construyó en barrios que ahora parecen muy cohesionados socialmente, pero que en los años 50,60,70 estaban llenos de personas que migraban desde el campo y donde los choques culturales eran seguramente mayores entonces entre el campo y la ciudad que los que puede haber hoy en día entre una persona que ha nacido aquí y una que viene de Marruecos.

Una de las cuestiones principales de este asunto es que las viviendas de las que estamos hablando son propiedad de la SAREB (en este artículo se explica qué es la SAREB y cómo se ha constituido). Es decir estas viviendas eran propiedad de un banco y fueron compradas con dinero público a precio sobrevalorado para rescatar al banco en cuestión. En este ejercicio el estado se gastó 60.000 millones de euros que no espera recuperar, porque a los bancos no se los aprieta como a un inquilino que debe un mes de alquiler y sobre el que cae toda la fuerza de la ley. En estas viviendas no vivía nadie cuando fueron ocupadas ni su ocupación perjudica materialmente a ningún pequeño propietario. Los medios difunden la idea de que la propiedad privada es una institución que funciona igual para una persona que vive en un piso con una hipoteca que a penas alcanza a pagar con su sueldo precario que para un banco que tiene decenas de miles de viviendas con las que especula de forma inhumana. Los grandes propietarios continuamente extienden la idea de que si bajas a por el pan y te despistas 5 minutos te pueden ocupar la casa. Esto sencillamente no ocurre. Las viviendas ocupadas son viviendas que estaban abandonadas y en un porcentaje altísimo propiedad de bancos o fondos de inversión para los que un vivienda solo es una mercancía con la que enriquecerse.

La pregunta pertinente en esta situación es ¿Porqué esta gente está ocupando esas viviendas? No parece muy difícil darse cuenta de que ocupar es exponerse sobremanera a ser violentado por multitud de elementos tanto policiales y legales como sociales. La realidad es que el disfrute de una vivienda digna es un derecho recogido en la constitución española (art. 47) que no funciona de forma efectiva. Es decir la vivienda no es un derecho inherente a la ciudadanía como es la libertad de circulación, el matrimonio o el voto. La satisfacción de este derecho se confía a un mercado inmobiliario y del alquiler cuya función no es que todo el mundo tenga una vivienda digna, sino que unos pocos propietarios y promotores se enriquezcan a costa de las necesidades de las demás. En Valladolid hay viviendas de sobra para todas las personas que vivimos aquí, el problema es que muchas de ellas están vacías porque prima el valor de cambio de estas viviendas sobre su valor de uso y los bancos prefieren tenerlas vacías a que sean habitadas por las personas que lo necesitan y no pueden pagar nada a cambio (por cierto incumpliendo el artículo 33 de la constitución sonde se limita la propiedad privada por la función social).

En definitiva, la ocupación no es en sí misma una forma de habitar las viviendas que ataque a las redes de barrio y a sus habitantes, como sí hace por ejemplo la especulación y las subidas desmedidas de los precios de alquiler por parte de los fondos de alquiler que controlan el mercado, o que provoque problemas de inseguridad o salud pública como hacen otras dinámicas. Lo que realmente pone en peligro las redes de barrio y su cotidiano es que un propietario o un promotor decida que se va a enriquecer con la vivienda y que ese barrio constituye una oportunidad para poner en marcha su maquinaria económica de generación de beneficios que no tiene problema en cerrar pequeños comercios o expulsar a vecinas de toda la vida para ganar un poco más.