Tras reunirse con la patronal de la construcción de Castilla y León, el consejero de fomento y medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que su consejería estaba estudiando la modificación de la ley de urbanismo para eliminar procedimientos administrativos y así eliminar restricciones a la promoción inmobiliaria.

El viernes 19 de junio de 2019 se ha publicado en el BOCYL un decreto-ley (http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/19/html/BOCYL-D-19062020-2.do) que pretende que para que las empresas se vuelvan a poner en funcionamiento, o más bien se recuperen tras el parón del COVID-19, se lleve a cabo una desregulación de diversos mercados. Este decreto “de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León” afecta a cuestiones diferentes como la protección ambiental, la producción eléctrica o el urbanismo. Esta última es la que más nos afecta como colectivo de vivienda, aunque no dejamos de mostrar nuestra preocupación por las medidas adoptadas en otros ámbitos y la solidaridad con las personas que se vean afectadas.

La modificación de la ley de urbanismo se lleva a cabo en sintonía con las modificaciones ya ejecutadas de la legislación en materia de urbanismo en Madrid, Murcia y Andalucía, donde la desregulación en lo tocante a la urbanización del territorio ha sido especialmente severa y cuyas consecuencias pueden ser especialmente perniciosas en la línea de la destrucción salvaje del territorio que se produjo en el periodo pre-crisis 2008 posibilitada por la ley de suelo del gobierno Aznar de 1999.

El principal contenido de esta desregulación es el cambio en el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación de una vivienda, que pasaría de ser una licencia propiamente dicha, con sus controles e inspecciones por parte del ayuntamiento correspondiente a una declaración responsable en la que el promotor afirma estar en situación de obtener dicha licencia. Esto se materializa legalmente dentro del citado decreto en la modificación del artículo 97 y 105 bis de la ley de urbanismo de Castilla y León. Este cambio, que se presenta por parte de la patronal y la Junta como una simplificación burocrática supone un cambio cualitativo en las condiciones de vivienda y no solo una agilización de trámites como pretenden.

El decreto en el que esto se enmarca está destinado a posibilitar legalmente que las empresas de determinados sectores productivos aumenten sus beneficios, por tanto nos hacemos la pregunta: ¿Cómo contribuye esta medida a que las promotoras y constructoras de vivienda aumenten sus beneficios? La respuesta que encontramos es que estos beneficios se van a aumentar a costa de la calidad y habitabilidad de las viviendas, porque la cédula de habitabilidad se va a obtener simplemente declarando que estás en las condidiones de obtenerla. Teniendo en cuenta que la manera de proyectar edificios de viviendas es buscando extraer la mayor rentabilidad posible al dinero invertido en su construcción, podemos adelantar que esto posibilita que los promotores decidan construir un mayor número de viviendas que las previstas en proyecto para aumentar sus beneficios, aunque estas viviendas no cumplan unas mínimas dimensiones o cualidades y encontremos situaciones como que haya habitaciones sin ventanas, que haya pasos menores de 60 cm, que los techos sean demasiado bajos, o que reduzcan sus calidades hasta hacerlas insalubres o inhabitables. El que se convierta esta licencia en una declaración responsable no desregula completamente esta cuestión, pero en la práctica supone convertir la cuestión de la dignidad de la vivienda en un política de hechos consumados en la que se juzga un inmueble que ya está construido y en el que ya vive gente, lo que dificulta la reversión de las cualidades perniciosas.

La licencia de primera ocupación no es un trámite burocrático para que la administración controle a las promotoras, sino para proteger al usuario de los intereses de estas, por lo que esta modificación legislativa afecta y desampara a los habitantes de las viviendas (sean propietarios o inquilinos) permitiendo que las condiciones dignas de vivienda de estos se subordinen a las necesidades del capital.

Este miércoles este decreto de la junta ha de ser ratificado en las cortes de Castilla y León, por lo que instamos a los grupos parlamentarios a desestimar esta medida que puede ser tan perniciosa para las condiciones de vivienda. Asimismo recordamos que este decreto incluye otras medidas perjudiciales como la eliminación de la licencia ambiental, lo que permite que las fábricas y ganaderías se instalen con lo que esto conlleva en términos de calidad de vida para la vecindad sin nigún tipo de diálogo social, según denuncia ecologistas en acción (https://www.ecologistasenaccion.org/146703/con-la-excusa-de-la-covid-la-junta-suprime-la-licencia-ambiental-en-castilla-y-leon/).