CASA PARA TODAS, PAREMOS LA ESPECULACIÓN EN NUESTROS BARRIOS

Ante la perspectiva de aprobación de una nueva ley de vivienda estatal, desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid consideramos necesario hacer un análisis estructural de la posición de la vivienda dentro del marco de la economía de mercado, así como situar sus problemáticas específicas en la ciudad de Valladolid.
La vivienda es para la clase obrera una condición necesaria para el desarrollo de la vida, sin embargo, para las clases propietarias es un medio de acumulación de capital; de hecho, en el actual paradigma socio-económico, la vivienda constituye un elemento determinante de estas dinámicas acumulativas.
Actualmente la acumulación de capital se estructura de modo que el saqueo a la clase obrera se materializa principalmente en la imposición de la renta en la vivienda principal. El sector inmobiliario obtiene grandes beneficios de la construcción y rehabilitación de viviendas, proceso que se ha visto facilitado por unas políticas estatales que responden a los intereses del sector de la construcción y su capital financiero, y que nada tiene que ver con las necesidades habitacionales de la clase obrera.
De lo anteriormente mencionado se sigue que, mientras la vivienda sea un bien de mercado, será un instrumento dedicado a la extracción de rentas en perjuicio de las necesidades de uso de la clase obrera, además de reproducir las dinámicas especulativas y la violencia que implica que un bien básico para la vida sea una mercancía.
Siendo conscientes de que actualmente no existe una correlación de fuerzas suficiente para que la vivienda deje de ser un bien de mercado y dejando muy claro que este es nuestro objetivo último, exigimos con este documento que se tomen algunas medidas fácilmente realizables por parte de la administración para avanzar en esa dirección.
Las políticas de vivienda estatales se centran en las necesidades de vivienda de las grandes ciudades, donde el conflicto entre la mercantilización de la vivienda y la vida de las obreras se ha mostrado más claramente, obviando las necesidades de las poblaciones como Valladolid, que aunque no deja de sufrir algunas de las situaciones de estas grandes ciudades, tienen una problemática de vivienda propia.
Una de las particularidades centrales de la problemática de vivienda de este territorio es que desde hace décadas se encuentra inmerso en un proceso de pérdida de población. Esto choca frontalmente con las dinámicas de crecimiento urbano y con las políticas estatales de vivienda, muy enfocadas a sostener al sector inmobiliario fomentando la construcción infinita de viviendas, algo totalmente innecesario desde el punto de vista de las necesidades sociales de vivienda y más en un municipio de estas características.
Estas políticas, no obstante, se reproducen en la administración local como muestra el nuevo plan de vivienda de Valladolid 2021-2025 (en proceso de aprobación), donde se prevé la construcción de 2269 viviendas sólo en el desarrollo de nuevos sectores gestionados por el Ayuntamiento. Sin embargo, según cálculos del propio Ayuntamiento, hay entre 17.000 y 25.000 viviendas vacías en la ciudad. Los programas que ofrecen beneficios a los propietarios no están consiguiendo movilizar una cantidad sustancial de vivienda vacía (como es su objetivo). Esto ofrece la conclusión de que las estrategias para abordar el problema de las viviendas vacías deberían dejar de tratar de jugar con las reglas del mercado inmobiliario y empezar a proponer intervenir el mercado. Las problemáticas de Valladolid muestran similitudes con algunas de las que se manifiestan en ciudades como Madrid: en Valladolid en 2019, según el CGPJ, hubo un proceso de desahucio por cada 1457 personas y en Madrid uno cada 1208 personas.
Las competencias de vivienda en el estado español están repartidas entre los diferentes niveles administrativos: estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que en última instancia desarrollan las políticas de vivienda, por ello es a la administración local a la que presentamos nuestras reivindicaciones en materia de vivienda. Les instamos a llegar hasta el límite del marco legal de la comunidad autónoma o del estado y a presionar a estas instituciones para que desarrollen políticas que se ajusten a los intereses de la clase obrera.
En la línea de lo anteriormente tratado, planteamos las siguientes medidas:
-Utilizar las herramientas legales del ayuntamiento para expropiar viviendas a los grandes tenedores como bancos y fondos de inversión e incluirlas en el parque público de vivienda.
-Abordar de forma integral el sinhogarismo, sabiendo que en Valladolid es un problema perfectamente solventable con relativamente pocos recursos, que el albergue municipal no es una alternativa habitacional y contando con las necesidades y reclamaciones de las personas que actualmente viven en la calle.
– Destinar los recursos necesarios para la consolidación de un parque público de vivienda que permita atender a las necesidades de las miles de solicitudes que se han presentado al ayuntamiento para optar a una vivienda protegida en régimen de alquiler.
-No comprar viviendas de la SAREB, puesto que estas viviendas ya han sido pagadas con dinero público e instar al gobierno estatal a crear con ellas un parque público de vivienda.
-Comprometerse a instar formalmente al gobierno a regular los precios del alquiler en todo el territorio y no solo en las zonas tensionadas.